Chihuahua.- Durante la sesión de la Diputación Permanente celebrada este lunes en el Congreso del Estado, el diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo presentó una iniciativa de reforma constitucional y legal con el objetivo de fortalecer la representación política en el estado, garantizar la inclusión de grupos vulnerables y eficientar el gasto público en materia electoral.
La propuesta contempla reformar el artículo 40 de la Constitución del Estado, adicionar un inciso al artículo 3 Bis y modificar los numerales 11, 15 y 16 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. En su exposición, Estrada explicó que el sistema actual permite la llegada al Congreso de representantes que no cuentan con respaldo ciudadano real, situación que sugiere modificar asignando las diputaciones de representación proporcional a los llamados “mejores perdedores”, es decir, aquellos candidatos que, sin haber ganado su distrito, hayan obtenido el mayor porcentaje de votos válidos.
“Así fortaleceremos la representatividad en cada legislatura, pues tanto ganadores como quienes no obtuvieron el triunfo, pero contaron con respaldo ciudadano significativo, tendrán voz en el Congreso”, afirmó el legislador morenista.
Otro de los ejes centrales de la propuesta es asegurar que al menos cuatro distritos electorales sean reservados para grupos históricamente marginados, como lo son las comunidades indígenas, personas con discapacidad, jóvenes y personas de la diversidad sexual. Aunque estas acciones afirmativas ya se implementan en la práctica, Estrada planteó la necesidad de establecerse de manera explícita en el texto constitucional.
De acuerdo con la iniciativa, tres distritos serán asignados específicamente: uno para personas con discapacidad, otro para jóvenes de entre 18 y 24 años, y uno más para integrantes de la comunidad LGBTQ+. Asimismo, el distrito 22, con cabecera en Ciudad Cuauhtémoc, será reservado para pueblos originarios, como ya lo determina la autoridad electoral.
En cuanto a la vigilancia del cumplimiento de estas disposiciones, la reforma plantea sanciones severas para los partidos políticos que incurran en simulaciones, como postular personas que no pertenezcan genuinamente a los grupos protegidos. Las penalizaciones incluyen la suspensión del registro del partido por cinco años, el retiro de prerrogativas económicas y la anulación del cargo obtenido.
Finalmente, Cuauhtémoc Estrada indicó que esta reforma también busca contribuir al ahorro en el gasto público mediante un sistema electoral más eficiente y funcional.
“Se trata de darle al pueblo lo que le corresponde: una representación real, diversa y comprometida con los sectores más desprotegidos”, subrayó.
La iniciativa fue turnada a las instancias correspondientes y deberá ser analizada por los 67 ayuntamientos del estado, como parte del procedimiento de reforma constitucional local. En caso de ser aprobada, corresponderá al Instituto Estatal Electoral la implementación de los ajustes necesarios para su aplicación.
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