Chihuahua, Chih., La diputada Rosana Díaz Reyes presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Penal de Chihuahua denominada Ley Vico, con la que propone incrementar las sanciones por maltrato y crueldad animal y establecer una protección específica para ejemplares que realizan labores de seguridad, búsqueda, rescate, protección civil, asistencia y atención de emergencias. La propuesta fue suscrita también por el diputado Octavio Javier Borunda Quevedo, del Partido Verde Ecologista de México.
La iniciativa toma su nombre de Vico, un perro del grupo K-9 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, de nueve años de edad y seis años de servicio, quien murió el 6 de febrero de 2026 después de ser atacado con un machete mientras participaba en la atención de un reporte de violencia familiar en el ejido El Fresno. Cuatro días después recibió una ceremonia de despedida con guardia de honor, pase de lista y salvas.
De acuerdo con la propuesta, actualmente la muerte de un animal se sanciona con una pena de entre seis meses y dos años de prisión. La reforma plantea elevar esa sanción a un mínimo de cinco años. Para las lesiones graves propone una pena de dos a cinco años y contempla por primera vez dentro de este supuesto conductas como la mutilación y la pérdida permanente de una función.
La propuesta contempla sanciones de cinco a 10 años de prisión cuando la muerte ocurra mediante tortura, extrema brutalidad, envenenamiento, quemaduras, asfixia o cualquier otro método que prolongue la agonía. También plantea aumentar el límite de las multas de 250 a mil 500 Unidades de Medida y Actualización, recursos que, conforme a la iniciativa, ingresarían al Fondo Estatal de Bienestar Animal.
Uno de los principales cambios planteados corresponde a los animales de servicio. Cuando un delito sea cometido contra uno de estos ejemplares, la pena aumentaría en dos terceras partes y se contempla un incremento adicional de una mitad cuando la agresión tenga como finalidad impedir que el animal realice su trabajo o constituya una represalia por haberlo desempeñado. Bajo estos supuestos, la muerte de un animal de servicio podría alcanzar hasta 10 años de prisión y llegar a 15 años cuando exista una represalia.
La iniciativa también incorpora siete agravantes para distintos casos de crueldad animal, entre ellos que los hechos ocurran frente a niñas, niños o adolescentes o que se utilice a una persona menor de edad para cometerlos. Además, contempla conductas relacionadas con mutilación, omisión dolosa de cuidados, envenenamiento, actos de naturaleza sexual, tortura, asesinato y difusión de contenido relacionado con estos hechos.
Como parte de los argumentos de la propuesta se citan cifras sobre las investigaciones por maltrato animal. Entre 2019 y 2021 se abrieron en México 3 mil 339 carpetas de investigación por este delito, de las cuales 168 llegaron a proceso y 24 terminaron en sentencia. En Chihuahua, la Fiscalía General del Estado atendió 585 denuncias entre enero de 2022 y febrero de 2025, de acuerdo con los datos incluidos en la iniciativa.
Rosana Díaz sostuvo que el propósito de la Ley Vico es establecer consecuencias diferenciadas ante actos de crueldad y brindar una protección reforzada a los animales que cumplen funciones de servicio. La propuesta continuará con el procedimiento legislativo correspondiente y será analizada en comisiones antes de una eventual discusión posterior en el Pleno.
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