
Chihuahua, Chih., La diputada de Morena, Magdalena Rentería, presentó ante el Congreso del Estado un punto de acuerdo para solicitar al Gobierno de Chihuahua la expedición de las reglas necesarias para hacer operativo el Presupuesto Participativo, mecanismo contemplado en la Constitución estatal para que la ciudadanía intervenga en la definición del destino de una parte de los recursos públicos.
De acuerdo con el planteamiento de la legisladora, el artículo 93, fracción IX, de la Constitución de Chihuahua establece que al menos 5 por ciento de los recursos destinados a inversión pública productiva provenientes de los ingresos de libre disposición del Estado debe canalizarse al Presupuesto Participativo.
Rentería señaló que, además de contemplar recursos para este mecanismo, es necesario contar con procedimientos que permitan a la ciudadanía participar en su definición. Según expuso ante el pleno, no existe evidencia de que el Gobierno estatal haya desarrollado procesos mediante los cuales las y los chihuahuenses hayan votado sobre el destino de dichos recursos.
La diputada también señaló que la reforma constitucional estableció como fecha límite el 31 de diciembre de 2023 para que el Poder Ejecutivo expidiera las disposiciones reglamentarias correspondientes. A partir de este señalamiento, sostuvo que la falta de reglamentación mantiene pendiente la operación del mecanismo de participación ciudadana.
Otro de los puntos expuestos por Rentería fue la identificación de los recursos destinados al Presupuesto Participativo. La legisladora indicó que al revisar el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2026 no encontró señalado de manera clara el monto correspondiente a este mecanismo, por lo que planteó solicitar información sobre los recursos destinados durante 2024, 2025 y 2026, así como los proyectos en los que fueron ejercidos.
El planteamiento también retoma disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana relacionadas con principios como la democracia, la máxima participación y la máxima publicidad. De acuerdo con la propuesta, el modelo de Presupuesto Participativo contempla etapas como convocatoria, consulta, votación, validación de resultados y ejecución de los proyectos seleccionados.
Rentería incorporó además argumentos relacionados con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la omisión reglamentaria. En su propuesta, sostiene que existe una obligación expresa, un plazo determinado y una autoridad responsable para establecer las reglas que permitan operar el mecanismo previsto en la Constitución estatal.
Como parte del punto de acuerdo, la legisladora propuso otorgar al Gobierno estatal un plazo de 120 días para expedir el reglamento del Presupuesto Participativo y establecer los procedimientos para determinar, organizar, desarrollar, ejercer, supervisar y controlar los recursos, incluida la regionalización necesaria para distribuirlos de manera equitativa.
Asimismo, planteó que el Ejecutivo estatal cuente con 30 días naturales para informar al Congreso cuánto se destinó al Presupuesto Participativo durante 2024, 2025 y 2026, además de detallar los proyectos en los que fueron ejercidos esos recursos.






