Mientras el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dejó el cargo tras ser acusado por el gobierno de Estados Unidos de presuntos vínculos con el crimen organizado, en Chihuahua la gobernadora María Eugenia Campos Galván no ha dado una postura amplia ni anunciado acciones frente a la polémica por un operativo donde se investiga la posible participación de agentes extranjeros.
En Sinaloa, la salida de Rocha Moya ocurrió días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señalara junto con otros funcionarios por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa y solicitara su detención con fines de extradición. El caso derivó en presión política y en la apertura de investigaciones en México, donde la Fiscalía General de la República ha pedido a Estados Unidos más pruebas para sustentar las acusaciones.
El gobierno mexicano ha señalado que, hasta ahora, no existen elementos suficientes para una detención en territorio nacional, lo que ha mantenido el caso en revisión. Tras la licencia, una gobernadora interina asumió el cargo en Sinaloa mientras continúan las investigaciones.
En paralelo, en Chihuahua se mantiene abierta la investigación por un operativo en el que murieron ciudadanos estadounidenses identificados en reportes como agentes de inteligencia, y donde la Fiscalía General de la República ha citado a declarar a cerca de 50 personas para esclarecer los hechos.
De acuerdo con los reportes oficiales, el operativo habría incluido la desarticulación de un laboratorio de drogas sintéticas, pero también ha generado cuestionamientos por la posible participación de agentes extranjeros sin autorización del Estado mexicano.
La gobernadora de Chihuahua ha sostenido que no tenía conocimiento de la presencia de dichos agentes en el operativo, aunque no ha emitido una postura más amplia ni anunciado medidas políticas o administrativas sobre el caso.
El contraste entre ambos escenarios ha abierto debate en el ámbito político sobre la forma en que los gobiernos estatales responden ante señalamientos graves: mientras en un caso se opta por separarse del cargo, en el otro la autoridad se mantiene sin cambios ni posicionamiento público más profundo.
En medio de las investigaciones en curso en ambos frentes, la discusión ya no se centra solo en los hechos, sino en la respuesta política frente a ellos.
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