Chihuahua, Chih., La diputada local Xóchitl Contreras expresó su respaldo al Instituto Tesla y cuestionó la resolución emitida por el juez José Chaparro Sánchez, al considerar que la decisión genera preocupación por sus posibles efectos en instituciones educativas que actúan ante denuncias presentadas por estudiantes.
La legisladora señaló que resulta preocupante que una institución educativa que tomó medidas tras recibir señalamientos de alumnas enfrente consecuencias legales derivadas de sus acciones. Según manifestó, este tipo de resoluciones podría generar incertidumbre entre directivos y personal docente al momento de atender situaciones similares en el futuro.
Contreras afirmó que el caso involucra denuncias presentadas por 20 estudiantes, lo que motivó la intervención de la institución educativa. En ese sentido, sostuvo que las escuelas deben contar con condiciones que les permitan actuar cuando existan reportes que consideren de relevancia para la seguridad y bienestar de su comunidad estudiantil.
Asimismo, la diputada cuestionó los alcances de la resolución judicial y señaló que el fallo ha generado inquietud sobre el mensaje que podría enviarse tanto a las víctimas como a las instituciones que deciden intervenir ante denuncias de presuntas conductas indebidas.
La legisladora anunció que dará seguimiento al caso y respaldará los esfuerzos legales del Instituto Tesla para buscar una revisión de la resolución. Además, solicitó que las instancias competentes analicen a fondo las actuaciones relacionadas con este proceso para garantizar certeza jurídica y transparencia.
Durante su posicionamiento, también expresó su apoyo a las jóvenes que presentaron denuncias y llamó a quienes atraviesen situaciones similares a acudir a las autoridades correspondientes. Consideró importante que las víctimas tengan confianza en las instituciones y encuentren espacios donde sus denuncias sean escuchadas y atendidas.
Finalmente, Xóchitl Contreras reiteró que continuará atenta al desarrollo del caso y defendió la necesidad de que las decisiones judiciales generen confianza social, especialmente en asuntos que involucran la protección de estudiantes y la atención de denuncias presentadas por mujeres.
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