CDMX . – A partir del primer minuto del 21 de agosto de 2024, todas las actividades jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación serán formalmente suspendidas, de acuerdo con el Acuerdo General 11/2024. Esta medida implica la paralización de las labores en una amplia gama de órganos que conforman el sistema judicial federal, impactando significativamente diversas instancias del poder judicial en México.

La suspensión abarcará a los Plenos Regionales, Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, Tribunales Colegiados de Apelación, así como a otros órganos especializados como los Centros de Justicia Penal Federal y los Juzgados de Distrito. También se verán afectados los Tribunales Laborales Federales y el Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones.

Esta decisión tendrá un impacto considerable en la administración de justicia, ya que durante el período de suspensión se interrumpirán los plazos procesales para la tramitación de casos. La determinación de suspender las labores jurisdiccionales obedece a necesidades operativas o administrativas, que no han sido especificadas en el acuerdo. La duración de esta medida será determinada por la autoridad competente, conforme a las disposiciones legales y administrativas vigentes.

A pesar de la suspensión general, el acuerdo establece excepciones para casos urgentes. Los órganos jurisdiccionales deberán seguir observando las disposiciones pertinentes para garantizar la atención de asuntos que no admitan demora, como medidas cautelares o situaciones que requieran acción judicial inmediata.

Para los justiciables, esta suspensión significa que cualquier trámite o procedimiento pendiente será pospuesto hasta que se reanuden las actividades jurisdiccionales. Se recomienda a los interesados tomar precauciones y ajustar sus expectativas en cuanto a la tramitación de sus asuntos legales durante este período.

Esta suspensión subraya la importancia de la previsión y preparación en el ámbito jurídico, destacando la necesidad de que abogados y partes interesadas se mantengan informados y planifiquen adecuadamente para evitar contratiempos que puedan afectar el desarrollo y resolución de sus casos.