Michoacán.– En un operativo coordinado por la Fiscalía General de la República (FGR) y fuerzas federales, se han dado a conocer importantes avances en la investigación de presuntos actos de corrupción durante la administración del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.
Según fuentes oficiales, esta mañana se cumplió una orden de aprehensión contra Aureoles, emitida por la juez Patricia Sánchez Nava, quien lo acusa de peculado, administración fraudulenta, operación con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. La orden, girada el pasado 27 de febrero, formó parte de un paquete de denuncias interpuestas por el actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, a raíz de un desvío de recursos por más de 5,186 millones de pesos destinados a la construcción de cuarteles policiales.
Además, en el operativo se detuvieron a varios exfuncionarios vinculados a la administración de Aureoles. Entre ellos destaca Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas, capturado en Miami y extraditado a México; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública; y Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de la misma dependencia. Estas detenciones se suman a otras recientes en el estado, que forman parte de una investigación más amplia sobre presuntos actos de corrupción en el gobierno michoacano.
El operativo se realizó en el municipio de Zapopan, Jalisco, donde elementos de la FGR y la Guardia Nacional actuaron en coordinación para cumplir con la orden de captura. Según declaraciones de las autoridades, la detención de Aureoles y sus colaboradores responde a la necesidad de poner fin a la impunidad y recuperar recursos públicos que, de acuerdo con las investigaciones, fueron desviados en el marco de contratos inflados para obras de infraestructura en el sector de seguridad.
Por su parte, el actual mandatario Alfredo Ramírez Bedolla ha enfatizado en reiteradas ocasiones la importancia de esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a todos los responsables. “No podemos permitir que el desvío de recursos continúe afectando el bienestar de los ciudadanos. Es momento de que la verdad y la justicia prevalezcan”, afirmó el gobernador.
La comunidad y diversos sectores de la sociedad civil han mostrado su apoyo a estas acciones, señalando que la lucha contra la corrupción es fundamental para recuperar la confianza en las instituciones. Sin embargo, algunas voces críticas han advertido que la investigación podría extenderse durante meses, mientras se continúan desvelando nuevos elementos del caso.
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