Chihuahua, Chih., Solo el 7.1 por ciento de los casos de corrupción administrativa investigados por los órganos de fiscalización superior del país concluyeron con algún tipo de sanción emitida por los tribunales de Justicia Administrativa, de acuerdo con un nuevo informe de Transparencia Mexicana.
El estudio fue presentado a unos días de que se dé a conocer un paquete de reformas en materia anticorrupción y evaluó los resultados obtenidos a nivel federal y en las 32 entidades del país desde 2015, año en que el Congreso de la Unión otorgó a los órganos de fiscalización superior facultades para investigar faltas graves de corrupción administrativa.
Entre los resultados destaca Chihuahua, cuya Auditoría Superior del Estado se colocó como la segunda entidad fiscalizadora con mayor número de sanciones obtenidas. La ASE Chihuahua acumula 69 sanciones, únicamente por debajo de Nayarit, que registra 97, mientras que Zacatecas ocupa el tercer lugar con 63.
Transparencia Mexicana explicó que la investigación contó con la participación activa de órganos de fiscalización superior y tribunales de Justicia Administrativa, y forma parte del proyecto “Anticorrupción para la reducción de las desigualdades”, impulsado por el Capítulo Mexicano de Transparencia Internacional.
El análisis será entregado al Congreso de la Unión para que sea considerado durante la discusión de las reformas a la Ley de Fiscalización Superior que se prevén para este año. La información busca aportar elementos sobre el funcionamiento del marco legal vigente y los resultados obtenidos desde la ampliación de las facultades de fiscalización en 2015.
Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, señaló que la organización coincide con la propuesta de revisar la inmunidad procesal, conocida como fuero, con el propósito de facilitar las investigaciones relacionadas con corrupción gubernamental.
Sin embargo, consideró que modificar la inmunidad procesal no es suficiente y que también se requiere aumentar la posibilidad de que las investigaciones por corrupción concluyan en sanciones, tanto en el ámbito penal como administrativo.
“Desaparecer la inmunidad procesal, es relevante sí, pero solo si se acompaña de medidas adicionales para evitar la impunidad penal o administrativa”, señaló Bohórquez.
Transparencia Mexicana indicó que los resultados del estudio permitirán a los poderes Ejecutivo y Legislativo valorar el impacto del marco legal actual y analizar posibles modificaciones a la Ley de Fiscalización Superior vigente.
About the Author
