Chihuahua, Chih.— Este lunes se presentó en el estado de Chihuahua  una iniciativa de ley que promete sacudir el panorama jurídico local, buscando fortalecer la protección a víctimas de violencia en comunidades rurales. La propuesta fue presentada como respuesta a la creciente preocupación por los niveles de violencia en municipios serranos y plantea endurecer penas y mejorar los protocolos de atención.

La discusión legislativa coincidió con un caso que refleja crudamente la realidad en el sur del estado: la Fiscalía de Distrito Zona Sur informó que agentes del Ministerio Público lograron acreditar ante un Juez de Control la probable responsabilidad de Beatriz B. B., imputada por el homicidio calificado de Pascual B. F. en Guachochi.

Según el informe oficial, el crimen ocurrió el pasado 20 de febrero en la comunidad La Cañada del ejido La Soledad. Ambos se encontraban en una tesgüinada una fiesta tradicional rarámuri  cuando, tras discutir por la posesión de un caballo, la mujer presuntamente agredió a la víctima con un cuchillo, causándole heridas mortales.

Los datos de prueba y argumentos expuestos por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida fueron suficientes para que el juez determinara prisión preventiva como medida cautelar para Beatriz B. B., mientras se lleva a cabo la investigación complementaria, que tendrá un plazo de dos meses.

Este caso pone sobre la mesa la urgencia de iniciativas como la presentada hoy en el Congreso, pues evidencia la vulnerabilidad de las comunidades alejadas y la necesidad de un marco legal más sólido que permita prevenir y sancionar estos hechos con mayor eficacia.

Conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la imputada se presume inocente hasta que un juez emita una sentencia condenatoria.