Chihuahua, Chih., Las propuestas recientes de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública han encendido alertas entre autoridades locales, especialmente en los municipios más pequeños del estado de Chihuahua. Así lo advirtió la diputada Alma Portillo Lerma, integrante de Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión de Transparencia, quien señaló que estos cambios representan un reto significativo para garantizar el derecho ciudadano a conocer cómo se toman las decisiones públicas y cómo se ejercen los recursos.
La legisladora explicó que la aplicación de nuevas disposiciones resulta particularmente compleja para municipios con presupuestos limitados, donde incluso sostener una unidad de transparencia o un órgano interno de control es complicado por la falta de recursos. Indicó que en Chihuahua existen comunidades fuera de la capital que enfrentan serias dificultades administrativas, por lo que decisiones tomadas a nivel federal sin considerar estas realidades pueden generar problemas operativos adicionales.
Portillo Lerma subrayó que desde el Congreso del Estado se analiza con cautela el impacto real de estas reformas en cada municipio. Señaló que el objetivo es evitar que se debilite el acceso a la información pública y que los ayuntamientos enfrenten mayores obstáculos para cumplir con sus obligaciones legales, lo que terminaría afectando directamente a la ciudadanía.
En materia financiera, la diputada señaló que la situación varía de un municipio a otro y que en ciudades como Parral, Delicias o Cuauhtémoc, el sostenimiento de la nómina y de los servicios básicos ya representa un desafío constante. Por ello, consideró indispensable evaluar cualquier medida adicional caso por caso para no agravar la carga administrativa.
Finalmente, Alma Portillo expresó su confianza en que durante el presente año se logre avanzar en la armonización de las leyes de transparencia en Chihuahua. Aclaró que, aunque existen diversas propuestas de los partidos políticos, se buscará construir una legislación que no ponga en riesgo la transparencia, el acceso a la información ni la protección de datos personales, manteniendo como prioridad el derecho de la ciudadanía a estar informada.
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