Parral, Chih., La Secretaría de Seguridad Pública del Estado llevó a cabo revisiones extraordinarias simultáneas en los Centros de Reinserción Social Estatales número 8 de Guachochi y número 4 de Hidalgo del Parral, como parte de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad, la gobernabilidad y el control al interior del sistema penitenciario de Chihuahua.
Los operativos se desarrollaron el 17 de junio con la participación coordinada de autoridades estatales y federales, además del acompañamiento de personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con el propósito de detectar objetos no permitidos y garantizar condiciones adecuadas de seguridad en ambos centros penitenciarios.
En el CERESO Estatal No. 8 de Guachochi fueron revisadas 204 personas privadas de la libertad y 35 estancias en distintas áreas del penal. De acuerdo con la SSPE, durante la inspección no se localizaron objetos prohibidos ni situaciones que representaran riesgos para la operación del centro.
De manera paralela, en el CERESO Estatal No. 4 de Hidalgo del Parral se inspeccionaron 410 personas privadas de la libertad y 86 estancias. Las autoridades informaron que tampoco se detectaron objetos ilícitos o condiciones que comprometieran la seguridad institucional.
Durante las revisiones en Parral únicamente se retiró excedente de prendas de vestir y diversos objetos considerados como basura, los cuales fueron destruidos conforme a los protocolos establecidos por la autoridad penitenciaria.
En total, los operativos permitieron revisar a 614 personas privadas de la libertad y 121 estancias, sin que se encontraran objetos prohibidos o situaciones que pusieran en riesgo la estabilidad de los centros.
El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, destacó que estas acciones forman parte de los mecanismos permanentes de supervisión implementados para mantener centros penitenciarios seguros, ordenados y adecuados para los procesos de reinserción social.
La SSPE reiteró que continuará trabajando de manera coordinada con autoridades federales y organismos defensores de derechos humanos para fortalecer la seguridad y la gobernabilidad en los Centros de Reinserción Social de la entidad.
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