Chihuahua.- La nueva vialidad Poniente 5 aún no coloca una sola máquina sobre el terreno, pero ya abrió un debate que va más allá de la obra misma, el costo del proyecto y la decisión de iniciar justamente en una de las zonas de mayor valor inmobiliario de Chihuahua.
El Ayuntamiento aprobó la contratación de un crédito por 150 millones de pesos para arrancar los trabajos, mientras que el Gobierno del Estado aportará una cantidad similar. La suma asciende a 300 millones de pesos para una primera etapa de apenas 3.27 kilómetros.
Según la información oficial, esta fase contempla una vialidad con dos carriles por sentido. Sin embargo, forma parte de un proyecto mucho más ambicioso que pretende extenderse a lo largo de aproximadamente 16 kilómetros.
Lo que ha comenzado a llamar la atención no es únicamente el presupuesto, sino el punto donde arrancará la construcción.
Tradicionalmente, las grandes vialidades suelen desarrollarse desde alguno de sus extremos para ir ampliando gradualmente la conectividad urbana. En este caso, la estrategia será distinta: la obra comenzará en un tramo intermedio del corredor.
Y no se trata de cualquier punto.
La primera etapa se ubicará en una zona que durante los últimos años ha concentrado una importante expansión inmobiliaria, altos valores de la tierra y constantes desarrollos habitacionales.
Ante ello surgen cuestionamientos legítimos.
Si el objetivo central es mejorar la movilidad de la ciudad, ¿qué criterios técnicos determinaron que el proyecto iniciara precisamente en ese sector? ¿Por qué no arrancar desde las zonas donde actualmente se registran algunos de los mayores problemas de tráfico y saturación vehicular?
El debate también alcanza el aspecto financiero.
Destinar 300 millones de pesos para poco más de tres kilómetros representa una inversión significativa. Si se toma como referencia el costo de esta primera fase, la pregunta inevitable es cuánto recurso público podría requerirse para completar la totalidad del corredor proyectado.
Además, la mitad de los recursos provendrá de deuda pública municipal, un financiamiento que será cubierto con recursos de los contribuyentes durante los próximos años.
Por ello, distintas voces han comenzado a solicitar información detallada sobre el proyecto, estudios de movilidad, análisis costo-beneficio, criterios de selección del tramo inicial y proyecciones financieras de las etapas futuras.
Porque cuando se habla de cientos de millones de pesos de recursos públicos, la transparencia no debería ser una opción; debería ser una obligación.
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