Chihuahua, Chih., La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE), las fiscalías de distrito Zona Occidente y Zona Sur, y la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos, participó en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno (CDFI) del Estado de Chihuahua.
Durante el encuentro realizado en Palacio de Gobierno, las instituciones integrantes de la CDFI, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y las organizaciones civiles Consultoría Técnica Comunitaria, A. C. (CONTEC), el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) e Ir Nao Taka Ru-Las Cuatro Raíces, del Programa Interinstitucional de Atención Indígena, compartieron propuestas, observaciones y áreas de oportunidad.
Los participantes, coincidieron en que atender el desplazamiento interno no es solo gestionar una emergencia, sino acompañar a las personas en la reconstrucción de sus vidas con autonomía, justicia y tranquilidad.
En este espacio de diálogo, la OIM presentó los hallazgos del “Estudio exploratorio sobre capacidad institucional para la respuesta al desplazamiento interno en México”. Más allá de la evaluación de procesos, la presentación visibilizó el impacto de las herramientas implementadas en la entidad, como el Protocolo de Atención Emergente y los registros con enfoque humanitario, al tiempo que identificó con empatía los retos pendientes.
La deliberación se centró en fortalecer la prevención comunitaria, profundizar en la recolección sensible de datos y garantizar una atención expedita y sin revictimización en las zonas de mayor vulnerabilidad.
Asimismo, como un paso decisivo para pasar de la asistencia humanitaria a la estabilidad a largo plazo, se presentó de manera oficial el Plan de Trabajo para la implementación del Fondo para Soluciones del Desplazamiento Interno (IDSF), que se desarrollará en la entidad de julio de 2026 a julio de 2027.
Con la consolidación de esta agenda compartida, la Fiscalía General del Estado ratifica su compromiso ético e institucional con los derechos humanos, reconociendo a las personas en situación de desplazamiento como ciudadanas con pleno derecho a recuperar la paz, su autonomía y la certeza de un futuro seguro en su propia tierra.
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