Chihuahua, Chih., La diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, advirtió sobre una propuesta que, según señaló, busca modificar la legislación para retirar al Congreso del Estado la facultad de revisar y votar la disposición de terrenos propiedad de las y los chihuahuenses, dejando esta atribución en manos del Poder Ejecutivo y de la gobernadora Maru Campos.
La legisladora cuestionó que Acción Nacional pretenda ampliar las facultades del Ejecutivo estatal para disponer del patrimonio público y acusó que esta medida podría favorecer a personas cercanas al gobierno. Argüelles Díaz sostuvo que la entrega o donación de terrenos debe mantenerse bajo mecanismos de revisión que permitan garantizar transparencia y vigilancia.
La morenista señaló que los cambios propuestos podrían dejar en segundo plano el interés social relacionado con el uso de los terrenos estatales. En este sentido, mencionó que estos espacios podrían ser destinados a vivienda popular y de interés social, vialidades, áreas verdes, hospitales y otros servicios necesarios para la población.
Argüelles Díaz también planteó que Chihuahua enfrenta un déficit habitacional y que la oferta de vivienda accesible no ha respondido al crecimiento de la población. Por ello, consideró que el patrimonio estatal debe utilizarse para atender las necesidades de las familias y no quedar sujeto a decisiones discrecionales.
La diputada cuestionó además que, mientras se plantea otorgar mayores facultades al Ejecutivo para disponer de terrenos estatales, el gobierno encabezado por Maru Campos no haya resuelto durante años, según afirmó, la disponibilidad de un predio apto, digno y jurídicamente regular para desarrollar proyectos hospitalarios en la capital.
Ante este escenario, Argüelles Díaz llamó a preservar al Congreso del Estado como un contrapeso en las decisiones relacionadas con el patrimonio público y pidió que cualquier determinación sobre los terrenos estatales se lleve a cabo bajo criterios de transparencia, vigilancia y atención prioritaria a las necesidades de las y los chihuahuenses.
La legisladora insistió en que los bienes públicos pertenecen a la ciudadanía y sostuvo que las decisiones sobre su disposición deben contar con mecanismos de supervisión que eviten que estos recursos terminen beneficiando intereses particulares.
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