Chihuahua, Chih., a 20 de junio de 2023.- En zonas extensas zonas México e incluso en territorios de la Sierra de nuestra entidad el reclutamiento forzado de adultos, jóvenes y niños por organizaciones del crimen organizado para participar en actividades ilícitas, ha crecido, expresó el diputado del PRI, Omar Bazán Flores.

Señaló que esta modalidad no ha sido contenida y los gobiernos no han reaccionado en generar políticas públicas para evitarlo, ni se han establecido mecanismos legislativos que sirvan de contención a las acciones depredadoras que golpean a nuestras sociedades.

Tampoco se han desarrollado medidas suficientes y contundentes que atiendan las condiciones de vulnerabilidad en que viven grandes sectores de menores y que facilitan su reclutamiento voluntario como es: la pobreza, violencia familiar, deserción escolar, las adicciones y falta de expectativas educativas, recreativas y laborales para este grupo poblacional, refirió el legislador.

Dijo que ya no importa que los niños estén o no en las calles, pues el crimen organizado los ha ido a buscar hasta sus casas, motivo por el que el Estado debe de ser más contundente contra dichas actividades, pues aún se estaría a tiempo de evitar engrosar las filas del crimen organizado y que los menores se vuelvan en una cifra más, ya sea de delincuentes detenidos, desaparecidos o del índice de homicidios.

Por ello es importante que se tipifique el presente delito, pues reúne características que lo identifican y lo hacen único, sin olvidar que el grado de afectación que se conlleva, termina por violar derechos humanos y garantías individuales.

Nosotros buscamos agregar al Código Penal del Estado, el artículo 170 bis, para quien, cometa el delito de leva, es decir el particular que priva a otro de su libertad, con el fin de que éste se adhiera a su asociación delictuosa, obligándolo a trabajar para él o un tercero; en cualquiera de las actividades delictivas que se le impongan por medio del uso de la fuerza, intimidación, amenazas que pongan en riesgo su integridad física o la seguridad de terceros, que la víctima se encuentre en situación de inferioridad numérica, física o mental respecto de quién o quiénes la ejecutan, que le haga imposible resistirse a la agresión,  se les impondrá una pena de diez a quince años de prisión y de mil a mil quinientos días multa, sentencio Bazán Flores.