Este 2026 marca un avance significativo en el apoyo al sector agrícola mexicano con la entrada en vigor del Programa de Comercio Justo, cuyas reglas de operación fueron publicadas a inicios de este mes de enero en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Este instrumento representa una respuesta concreta a uno de los desafíos más persistentes del campo: el bajo ingreso que enfrentan pequeños y medianos productores al vender sus cosechas, en un contexto de costos de producción elevados y dependencia de intermediarios.
El programa se centra en cultivos estratégicos como maíz, trigo, arroz, frijol, café, cacao, miel y hortalizas, productos indispensables para la población en regiones como Chihuahuay su principal beneficio radica en la estabilización de ingresos mediante incentivos que incluyen precios de garantía más sólidos, lo que, a su vez, establece un piso justo que protege contra las fluctuaciones del mercado y asegura que el esfuerzo productivo se traduzca en mayor estabilidad económica.
Otro aspecto destacado del Programa de Comercio Justo, es el impulso a una comercialización equitativa y sostenible; más allá de otorgar apoyos directos, se promueve la competitividad real a través de recursos para transformación, conservación y empaque de productos, así como inversión y mejorara de infraestructura y vinculación comercial.
Todo esto reduce pérdidas postcosecha, fortalece la cadena de valor y minimiza la intervención de intermediarios, permitiendo que las y los productores capturen mayor valor agregado y accedan a mercados con mejores condiciones.
Las reglas de este programa priorizan además la inclusión social, otorgando porcentajes mayores de apoyo a mujeres, jóvenes y personas de comunidades rurales e indígenas, lo que reconoce la diversidad del campo y fomenta una participación más equitativa. Todo el esquema opera con transparencia y entrega directa de recursos, alineándose con los principios de soberanía alimentaria y bienestar rural que impulsan las políticas federales actuales.
Podemos entonces afirmar que, con un presupuesto destinado y la posibilidad de ajustes según las necesidades del sector, el Programa de Comercio Justo no solo mitiga vulnerabilidades inmediatas, sino que contribuye a un campo más resiliente y productivo. En un momento donde la estabilidad económica rural es esencial para el desarrollo nacional, iniciativas como esta representan un paso firme hacia la justicia en el agro mexicano, beneficiando directamente a miles de familias productoras y fortaleciendo la base alimentaria del país.
Porque el campo que produce con dignidad es el que alimenta al futuro, este 2026 seguimos con justicia para el agro mexicano.
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