Chihuahua. – El alcalde  Marco Antonio Bonilla Mendoza busca contratar una nueva deuda pública por 660 millones de pesos para la construcción de tres puentes vehiculares en 2025. Esta decisión, avalada por el Cabildo de Chihuahua con oposición de Morena, plantea serios cuestionamientos sobre la prioridad en el uso de los recursos públicos y la falta de alineación con la Ley General de Movilidad que entrará en vigor en enero de 2025.

La Ley de Movilidad y Seguridad Vial establece que el presupuesto debe priorizar a peatones, personas con discapacidad, ciclistas y transporte público. Sin embargo, los datos financieros del municipio muestran lo contrario:

Cero inversión en banquetas, pasos peatonales, ciclovías o infraestructura para transporte público en 2023 y 2024, Solo 2.3 millones de pesos ejercidos en parques y jardines en 2024, menos de la mitad del presupuesto original, con un subejercicio de 1.5 millones de pesos. La insistencia en destinar recursos millonarios a infraestructura vehicular evidencia un modelo de movilidad centrado en el automóvil privado, dejando de lado a los sectores más vulnerables.

¿Una deuda necesaria o un gasto cuestionable?
El crédito por 570 millones de pesos más IVA, respaldado por participaciones federales, será utilizado para construir:
1. Puentes elevados en Fuerza Aérea y carretera a Aldama.
2. Un cruce elevado en Nogales e Industrias.
3. Una gaza en Teófilo Borunda y Periférico de la Juventud.

Estos proyectos no solo contradicen la jerarquía de movilidad establecida en la ley, sino que también perpetúan un modelo de desarrollo urbano que excluye a peatones y ciclistas, aumentando la brecha de desigualdad en el acceso a la infraestructura pública.
El manejo de deuda por parte del alcalde Bonilla Mendoza ha generado dudas en el pasado:
– En 2022, contrató un crédito por 132 millones de pesos para construir un nuevo relleno sanitario, pero el proyecto fue cancelado tras litigios por posibles daños ambientales.
– El terreno destinado para el relleno, adquirido por 31.6 millones de pesos, sigue sin ser utilizado, y los recursos fueron redirigidos a la ampliación del Relleno Sanitario Metropolitano.

A pesar de haber manejado un presupuesto de 15,250 millones de pesos en tres años, no se han visto avances significativos en infraestructura inclusiva o en proyectos sostenibles.

La Ley de Movilidad, que entra en vigor el 1 de enero de 2025, obliga a los municipios a garantizar condiciones de seguridad, accesibilidad, sostenibilidad e inclusión en sus proyectos de movilidad. Sin embargo, el enfoque de la actual administración en infraestructura vehicular parece ignorar estos principios.

La falta de transparencia y planeación socializada en la contratación de deudas genera incertidumbre sobre si estas inversiones realmente benefician a la ciudadanía o responden a intereses particulares.

Es necesario que las autoridades reconsideren sus prioridades y alineen el presupuesto con las necesidades reales de la población. Los habitantes de Chihuahua merecen un modelo de movilidad que respete sus derechos y que sea sustentable a largo plazo, en lugar de perpetuar una visión centrada en los automóviles, ¿Estamos construyendo una ciudad para todos o solo para unos cuantos?