CDMX. – Una denuncia anónima de 32 páginas entregada al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) el pasado 9 de abril ha desencadenado una profunda investigación alrededor del ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y otros veinte individuos. Los acusados, incluido Zaldívar, enfrentan una serie de graves acusaciones que van desde presión y intimidación hasta acoso y extorsión contra jueces, juezas, magistrados y magistradas del Poder Judicial de la Federación (PJF).

La denuncia detalla un esquema supuestamente liderado por Zaldívar y el ex consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, con el propósito de obtener beneficios personales y económicos, así como de influir en decisiones judiciales que afectarían al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Según la información revelada, se menciona la presunta participación de Zaldívar y sus colaboradores en diversos litigios estratégicos, como el Tren Maya y la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, donde se habrían buscado resoluciones favorables al gobierno de AMLO. Además, se señala la organización de reuniones de “sensibilización” con autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde se habría presionado a jueces y magistrados para evitar liberaciones de presuntos delincuentes.

Los principales implicados, incluyendo a Zaldívar y Scherer, enfrentan acusaciones que van desde cohecho y desvío de recursos públicos hasta violencia sexual y enriquecimiento ilícito.

Las reacciones a estas acusaciones no se han hecho esperar. La candidata presidencial Xóchitl Gálvez ha exigido una investigación exhaustiva, mientras que Claudia Sheinbaum, también candidata presidencial, ha calificado la investigación como un “objetivo político” y ha instado a no politizar el proceso.

Este caso pone de manifiesto la importancia de la independencia judicial y la necesidad de garantizar la transparencia y la imparcialidad en el sistema judicial mexicano. La investigación en curso tendrá importantes implicaciones para el futuro del sistema judicial y para la percepción de la justicia en el país.