México., La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el llamado Plan B de la reforma electoral, luego de más de 14 horas de debate marcadas por confrontaciones, acusaciones y un ambiente de alta tensión. El dictamen fue turnado a los congresos estatales, donde deberá ser analizado para su eventual aprobación.
En la votación en lo general, la iniciativa obtuvo 377 votos a favor de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, frente a 102 en contra del PAN y PRI, sin abstenciones. Posteriormente, en lo particular, el proyecto alcanzó 343 votos a favor, 124 en contra y una abstención. Durante la discusión de reservas, Movimiento Ciudadano modificó su postura y votó en contra, tras haber respaldado previamente el dictamen.
La propuesta impulsada por Claudia Sheinbaum plantea una reducción de costos en ayuntamientos y congresos locales, así como límites salariales para consejeros y magistrados electorales, quienes no podrán percibir ingresos superiores a los de la titular del Ejecutivo federal. También contempla un recorte progresivo del 15 por ciento al presupuesto del Senado en los próximos cuatro años.
El debate en el pleno estuvo marcado por intercambios de acusaciones entre legisladores de distintas bancadas. Se registraron señalamientos, protestas en tribuna y expresiones que elevaron la tensión política durante la sesión. Entre los momentos más notorios destacó una protesta simbólica con chapopote por parte de un legislador de Movimiento Ciudadano, lo que derivó en confrontaciones directas en el recinto.
En el contenido de la reforma, se contemplan modificaciones a diversos artículos constitucionales para establecer límites en la integración de ayuntamientos, topes al presupuesto de legislaturas locales y restricciones a prestaciones adicionales para funcionarios electorales. Asimismo, se prohíben seguros médicos privados y esquemas especiales de retiro financiados con recursos públicos.
La iniciativa también establece que el presupuesto de los congresos locales no podrá superar el 0.70 por ciento del gasto estatal, lo que ha generado críticas de la oposición, que advierte posibles afectaciones a la operación legislativa en distintas entidades. Tras su aprobación en San Lázaro, el proyecto requerirá el aval de al menos 17 congresos estatales para entrar en vigor.
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