Chihuahua, Chih., El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, rechazó las declaraciones de la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, quien aseguró que las y los legisladores morenistas se opusieron a medidas para blindar los procesos electorales de la intervención del crimen organizado.
Estrada afirmó que dichas declaraciones no corresponden a los hechos y sostuvo que la iniciativa identificada con el número 1636, presentada por la bancada de Morena, retomó en su totalidad una propuesta originalmente impulsada por Acción Nacional relacionada con el fortalecimiento de la integridad electoral.
De acuerdo con el legislador, la propuesta incorporó además dos elementos adicionales. El primero consistió en incluir la intervención extranjera como causal de nulidad electoral, en concordancia con reformas constitucionales aprobadas a nivel federal. El segundo planteó la creación de una Comisión de Integridad vinculada al Instituto Nacional Electoral para revisar perfiles de aspirantes a candidaturas mediante mecanismos de verificación con fiscalías e instancias de inteligencia del Estado.
El coordinador parlamentario señaló que, pese a que la iniciativa incluía la propuesta original del PAN y nuevas herramientas de control y vigilancia, fue rechazada por legisladores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y Partido Verde tanto en la Comisión de Gobernación como posteriormente en el Pleno del Congreso.
Asimismo, consideró preocupante que se intente construir una narrativa distinta a los registros legislativos y aseguró que las votaciones son públicas y pueden ser consultadas. Por ello, lanzó un llamado a representantes de la oposición para revisar de manera abierta el contenido de las iniciativas y el sentido de las votaciones realizadas.
Finalmente, Estrada reiteró que Morena mantiene una postura a favor de fortalecer la democracia y garantizar la transparencia en los procesos electorales. También aseguró que su partido continuará informando sobre este tema y defendió que el debate público debe sustentarse en hechos documentados y no en señalamientos políticos.
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