Chihuahua, Chih., La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, ASE, impuso una multa de 35 mil 193 pesos a una servidora pública de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, UACJ, luego de que la institución se negara a entregar información relacionada con la revisión de su cuenta pública correspondiente al ejercicio 2025.
La sanción fue establecida dentro del expediente PIM-001/2026, con fundamento en las facultades que otorga a la ASE la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua. La multa equivale a 300 veces el valor diario vigente de la Unidad de Medida y Actualización y deberá ser cubierta con recursos propios por la persona infractora, al tratarse de una responsabilidad individual.
Durante la fiscalización de la cuenta pública 2025 de la UACJ, la Auditoría identificó la subcuenta denominada “congresos, convenciones y exposiciones”, en la que la universidad reportó un gasto de 4 millones 179 mil 191.83 pesos. Para su revisión fue seleccionada una muestra por 1 millón 306 mil 874.92 pesos.
De ese monto, la UACJ proporcionó información parcial, pero se negó a entregar documentación comprobatoria correspondiente a 1 millón 012 mil 254.42 pesos. Estos recursos están relacionados con los conceptos de “pago de tarjetas empresariales” y “pago para asistencia del personal de la UACJ a una cena-baile”.
De acuerdo con la ASE, las tarjetas empresariales aparentemente están asignadas a servidores públicos de primer nivel. Sin embargo, la falta de documentación ha impedido determinar el uso y destino de los recursos, debido a que la institución no ha proporcionado en reiteradas ocasiones documentos de respaldo, estados de cuenta bancarios, lineamientos y aprobaciones, entre otros elementos solicitados.
La Auditoría recordó que la UACJ es una entidad paraestatal de derecho público y que su patrimonio conserva naturaleza pública. Por ello, está sujeta a las disposiciones relacionadas con presupuestación, contabilidad gubernamental, control, vigilancia, evaluación, rendición de cuentas y fiscalización.
La ASE señaló que esta sería la primera ocasión en Chihuahua en que un ente auditado niega la entrega de información requerida durante un proceso de fiscalización. Advirtió que, si persiste la negativa, se iniciará un procedimiento de responsabilidades contra el servidor público que haya ordenado impedir el acceso a la documentación.
De acuerdo con la Auditoría, dicha conducta podría constituir la falta administrativa grave de desacato, contemplada en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En ese supuesto, correspondería al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa determinar la sanción aplicable, que podría ir desde la suspensión del cargo hasta la inhabilitación de los involucrados.
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