Chihuahua, Chih., La Fiscalía de Distrito Zona Centro emitió una advertencia por el incremento de fraudes cometidos mediante el uso del llamado cheque botador, una modalidad que afecta principalmente a personas que buscan comprar o vender vehículos. De acuerdo con la Coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales, Miriam Janeth Tarango García, durante 2025 se han registrado más de cien querellas relacionadas con este esquema.

La autoridad explicó que el fraude se presenta cuando el supuesto comprador envía una transferencia desde cuentas sin fondos y generalmente desde bancos distintos al del vendedor. Debido a que estas operaciones pueden tardar hasta 48 horas en confirmarse, los estafadores aprovechan ese lapso para mostrar capturas de pantalla falsas o movimientos bancarios que parecen válidos, lo que genera una falsa sensación de seguridad en la víctima. Incluso las consultas en ventanilla pueden mostrar el movimiento registrado sin que ello garantice que el dinero realmente haya ingresado a la cuenta.

Durante ese tiempo, los delincuentes contratan a terceros para recoger el vehículo y trasladarlo fuera del estado. Cuando el vendedor confirma que el depósito fue rechazado, la unidad ya se encuentra en otra entidad, lo que dificulta su localización. La Fiscalía recomendó recibir el pago en efectivo o, en su defecto, no entregar el automóvil hasta verificar que los recursos estén completamente disponibles.

Otro elemento preocupante es que los defraudadores reclutan choferes mediante redes sociales, como Facebook, ofreciendo pagos altos por trasladar vehículos. En muchos casos utilizan perfiles falsos creados con documentación obtenida de estas mismas personas bajo el pretexto de formalizar un contrato. Esto provoca que algunos de los conductores también resulten víctimas, pues entregan su información personal o incluso son afectados por transferencias falsas como parte del engaño.

La Fiscalía reiteró su compromiso para combatir este tipo de delitos y trabajar en la recuperación de vehículos sustraídos, con el fin de disminuir el daño al patrimonio de los ciudadanos.