Ciudad Juárez, Chih., 29 de agosto de 2026.- La insensibilidad del Gobierno de María Eugenia Campos frente a las familias de niñas y niños víctimas de violencia se refleja en una realidad que ya no puede ocultarse: madres y familiares tienen que salir a las calles para exigir investigaciones, justicia y que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos, denunció la diputada María Antonieta Pérez Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de morena en el Congreso del Estado.
La legisladora cuestionó que, ante este tipo de reclamos, la respuesta de la administración estatal no haya sido sentarse con las víctimas, escuchar a las familias y acelerar las investigaciones, sino —acusó— recurrir a la confrontación jurídica y a la judicialización de quienes cuestionan al Gobierno del Estado. “Ni un ápice van a mover de este gobierno, frívolo, indiferente e injusto, en la marcha de las infancias que están convocando para el próximo domingo en Ciudad Juárez”, sostuvo.
La marcha a la que se refirió Pérez Reyes se realizará este domingo 30 de agosto, a las 3:00 de la tarde, y partirá de la Catedral de Ciudad Juárez hacia la Cruz de Clavos, en el puente Paso del Norte. La movilización es convocada por cuatro madres y familiares de niñas y niños víctimas de agresión sexual, quienes demandan celeridad en las investigaciones, transparencia en los juzgados y procesos judiciales con imparcialidad y perspectiva de infancia.
Entre los casos que motivan la protesta se encuentran los de las guarderías Gussi y Mundo de Colores, así como el del Colegio Americano y el de la niña Alana. En la convocatoria, las familias advierten que, a un año de los hechos ocurridos en la guardería Gussi, todavía no hay personas detenidas, mientras que en otros casos cuestionan la existencia de juicios diferidos y que presuntos responsables puedan enfrentar sus procesos en libertad.
Para Pérez Reyes, el hecho de que las madres tengan que organizar una marcha para pedir algo tan básico como justicia evidencia el fracaso de las instituciones estatales para responder a las víctimas. “Yo me atrevo a recomendarles que sean muy cuidadosas las personas que estén al frente de esas marchas, porque la gobernadora es capaz de judicializar esa protesta, es capaz de meterlas a la cárcel por semejante protesta”, advirtió.
La diputada sostuvo que esta preocupación no surge de manera aislada. Afirmó que durante la administración de Campos se ha vuelto recurrente que las personas que reclaman al Gobierno del Estado terminen enfrentando procesos legales, en lugar de encontrar una autoridad dispuesta a escuchar y resolver. “En todos los casos de injusticia que se han iniciado por muertes, asesinatos y desapariciones, incluso en casos de escuelas, han sido judicializados”, señaló.
Pérez Reyes acusó que cuando familiares o ciudadanos presentan denuncias contra el Gobierno del Estado o sus dependencias, la respuesta institucional ha sido, en distintos casos, demandar, contrademandar o llevar el conflicto a los tribunales. “Cuando los afectados interponen una denuncia en contra del Gobierno del Estado de María Eugenia Campos, esta responde demandándolas, contrademandándolas o judicializándolas en procesos que van a durar años, en lugar de haberse sentado con cada uno de los familiares afectados para resolver de manera empática y justa sus demandas”, cuestionó.
La legisladora consideró especialmente grave que, frente a reclamos relacionados con niñas, niños y adolescentes, la autoridad no coloque a las víctimas en el centro de sus decisiones. La justicia para las infancias, dijo, no debería depender de cuánto tiempo puedan resistir las familias un proceso judicial ni de su capacidad para enfrentar a las instituciones.
Pérez Reyes también cuestionó el uso de los recursos públicos de la administración estatal. Señaló que un gobierno con un presupuesto multimillonario debería traducir esa capacidad financiera en mejores condiciones de vida, servicios públicos y atención efectiva a quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad. “Es muy, muy triste que un gobierno que dispone de una suma multimillonaria para llevar el bienestar de los chihuahuenses a un nivel mejor que como ella lo recibió cuando tomó protesta como gobernadora, no haya hecho más que gastarlo”, afirmó.
Finalmente, la diputada de morena acusó que una parte importante de los esfuerzos del Gobierno del Estado se ha concentrado en la imagen de la gobernadora y en construir una narrativa favorable de su administración, mientras las familias continúan organizándose por su cuenta para conseguir algo que debería estar garantizado por las instituciones: justicia. “Lo ha gastado en promover su imagen, en que haya una narrativa que le diga a ella y a los chihuahuenses que tenemos una gobernadora. Pero la realidad es que no tenemos gobernadora desde que la señora María Eugenia Campos entró a ejercer su cargo”, concluyó.
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