Chihuahua, Chih., Con el propósito de fortalecer el acceso a la justicia y garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, autoridades estatales realizaron una jornada de asesorías jurídicas en el Centro de Reinserción Social Estatal Femenil No. 1. La actividad fue resultado del trabajo conjunto entre el Sistema Penitenciario del Estado de Chihuahua, el Instituto de Defensoría Pública del Poder Judicial y diversas instancias del ámbito judicial.
Durante el inicio de la jornada, representantes de las instituciones participantes destacaron la relevancia de acercar servicios de orientación y asistencia jurídica a mujeres que se encuentran en proceso de reinserción social. Indicaron que estas acciones forman parte de una estrategia enfocada en brindar atención integral, promover la igualdad sustantiva y fortalecer el estado de derecho.
La directora del CERESO Estatal Femenil No. 1, Gabriela Leticia Pérez Ponce, reconoció el respaldo de las instituciones involucradas y afirmó que este tipo de esfuerzos contribuyen a garantizar un acceso efectivo a la justicia. Señaló que la coordinación entre dependencias permite avanzar hacia una reinserción social más sólida y con pleno respeto a los derechos humanos.
Por su parte, la magistrada Perla Guadalupe Ruiz González, titular de la Séptima Sala Penal y representante de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, destacó que la justicia cobra mayor significado cuando las instituciones se acercan a las personas para escucharlas, orientarlas y brindarles herramientas que les ayuden a comprender su situación jurídica.
Asimismo, reconoció el trabajo coordinado entre las dependencias participantes y subrayó la importancia de impulsar acciones que contribuyan a reducir las brechas de desigualdad, especialmente entre mujeres que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.
En la jornada participaron representantes del Poder Judicial del Estado, del Instituto de Defensoría Pública y de organismos de administración judicial, quienes reiteraron su compromiso de continuar promoviendo actividades que acerquen los servicios legales a las personas privadas de la libertad.
Las autoridades coincidieron en que estas iniciativas fortalecen los procesos de reinserción social al ofrecer información, orientación y acompañamiento jurídico, además de favorecer una justicia más accesible, incluyente y con enfoque humanista. También reafirmaron su disposición de mantener la coordinación institucional para desarrollar nuevas jornadas que amplíen el acceso a los derechos y generen mayores oportunidades para las mujeres que forman parte del sistema penitenciario estatal.
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