Chihuahua. – El coordinador de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, acusó un linchamiento político en contra de la alcaldesa de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González, tras la difusión de videos donde aparecen mujeres disparando armas de fuego.
Estrada aseguró que se trató de una campaña de señalamientos sin sustento y señaló directamente al Gobierno del Estado y a diputados locales como responsables de amplificar acusaciones sin verificación previa.
Como parte de la respuesta, el legislador organizó un enlace con la alcaldesa, en el que participaron diputadas de Morena, para que se aclararan dos temas, la solicitud de un subcentro Centinela y la negativa de que las personas en los videos fueran funcionarias municipales.
El coordinador reiteró que las acusaciones fueron falsas y que el caso fue utilizado con fines políticos, generando daño institucional al municipio.
La alcaldeza Ana Laura González indicó en su enlace en la conferencia de Estrada que el municipio a dado al menos 6 opciones para que se realice el subcentro centinela, además de haber estado en contacto directo en 3 ocasiones con el secretario de seguridad Pública Estatal Gilberto Loya, a quien se le presentaron las 6 alternativas.
Pese a que existen alternativas planteadas para la instalación de un subcentro Centinela en Guadalupe y Calvo, el proyecto no ha avanzado, debido a que la presidenta municipal, Ana Laura González, ha insistido en que se ubique dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso), una opción que hasta ahora no ha sido viable.
De acuerdo con lo expuesto en mesas de diálogo, el Cereso no cumple con los criterios técnicos ni operativos requeridos para un subcentro Centinela, el cual necesita infraestructura especializada, conectividad permanente, control civil del espacio y condiciones de acceso que no interfieran con funciones penitenciarias.
Además, instalar un subcentro de seguridad pública dentro de un penal implica restricciones legales y administrativas, ya que los Ceresos dependen de esquemas de seguridad distintos y están diseñados para la custodia de personas privadas de la libertad, no para el monitoreo y coordinación de vigilancia urbana y regional.
Ante este escenario, aunque se han propuesto otras ubicaciones viables, la falta de consenso sobre el sitio ha frenado cualquier avance. Hasta el momento, no existe una definición oficial que permita destrabar el proyecto y concretar la instalación del subcentro en el municipio.
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