El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha incrementado la supervisión del uso de tarjetas de crédito, debido al crecimiento del comercio electrónico y al papel que estos medios de pago tienen en la vida cotidiana de millones de mexicanos. De acuerdo con la contadora Martha I. Marrufo Rodríguez, hoy existen más de 46.9 millones de tarjetas en circulación, y el volumen de transacciones digitales supera los 450 mil millones de pesos al año, lo que ha motivado a la autoridad fiscal a reforzar sus revisiones.
El SAT no solo verifica que los comprobantes fiscales (CFDI) cumplan con los requisitos para permitir deducciones, sino que ahora también compara los pagos a tarjetas de crédito y depósitos bancarios contra los ingresos declarados por las personas físicas. En caso de que un contribuyente pague más de lo que oficialmente percibe, la autoridad puede iniciar un procedimiento por discrepancia fiscal.
Dicha figura, prevista en el artículo 91 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, permite al SAT revisar los movimientos bancarios de cualquier persona, incluso si no está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes. Si detecta que los gastos o depósitos superan los ingresos declarados, se solicita al contribuyente justificar el origen del dinero en un plazo de 20 días. Si no logra acreditarlo, se determina un impuesto a pagar junto con multas y recargos.
La especialista advierte que prácticas comunes, como prestar una tarjeta de crédito o manejar plásticos adicionales para familiares, pueden generar inconsistencias, pues para la autoridad todos los pagos se consideran inicialmente como realizados con recursos del titular. Esto obliga a demostrar el origen del dinero y a contar con comprobantes de cada operación para evitar problemas fiscales.
Ante este panorama, Marrufo recomienda mantener un control estricto de ingresos, respaldar cada operación con comprobantes y evitar prestar líneas de crédito. Un manejo responsable de las tarjetas, señala, no solo previene complicaciones financieras, sino también posibles sanciones fiscales derivadas de revisiones del SAT.
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