Guachochi . – Once personas rarámuris, incluyendo dos niñas, murieron al regresar de recibir apoyos sociales en Guachochi. No fue solo un accidente: fue el resultado de un sistema que obliga a las comunidades más vulnerables a arriesgar su vida para acceder a lo que por derecho les corresponde.

El percance ocurrió en el kilómetro 27 de la carretera Guachochi–Yoquivo. Una camioneta invadió el carril y chocó de frente contra el vehículo en el que viajaban las víctimas. Según la Fiscalía, hombres armados retiraron el vehículo presuntamente responsable del accidente, y el conductor huyó. Once personas fallecieron en el acto; ocho más resultaron heridas, tres de ellas menores.

Entre las víctimas hay bebés, niñas, mujeres y hombres de la comunidad de Somarachi, que habían viajado hasta la cabecera municipal para recoger apoyos. En pleno 2025, esto sigue ocurriendo: comunidades indígenas enteras deben desplazarse horas por caminos peligrosos porque el Estado no es capaz de garantizar una entrega digna y segura.

Este caso debería encender todas las alarmas. No solo por la violencia que alteró la escena del crimen, sino porque refleja un patrón de exclusión institucional: el costo de ser pobre en la Sierra Tarahumara no es solo el hambre o la marginación. También es la muerte en una carretera olvidada por la infraestructura y por la justicia.

Mientras en el Congreso se discute con ligereza si los apoyos sociales “compran votos”, en las barrancas de Chihuahua hay quienes mueren solo por recibirlos.