Tequila, Jalisco., La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, recientemente detenido por delitos federales, presuntamente habría pactado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para financiar su llegada a la presidencia municipal y operar actividades ilícitas en esa localidad.
De acuerdo con datos de prueba presentados ante un juez de control del Estado de México, Rivera Navarro habría ordenado el secuestro de Guillermo Cordero García, quien en ese momento era su compañero de partido en Morena y aspirante a la candidatura a la alcaldía. El hecho ocurrió el 24 de marzo de 2021, cuando la víctima fue privada de la libertad por sujetos armados y presuntamente obligada a renunciar a su postulación.
La FGR sostiene que el edil habría acordado entregar hasta 40 millones de pesos anuales provenientes del erario público al CJNG, a cambio del respaldo del grupo criminal para obtener el cargo y permitir la operación de delitos como cobro de piso, extorsiones y secuestros en el municipio. Según la investigación, dichos recursos tendrían su origen principalmente en comerciantes y empresarios vinculados al sector tequilero.
En la orden de aprehensión emitida el pasado 31 de enero también se incluye a Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial del municipio, así como a otros funcionarios y excolaboradores, quienes enfrentan acusaciones por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y secuestro agravado, los cuales podrían alcanzar penas de hasta 40 años de prisión.
Testimonios recabados por la Fiscalía, entre ellos el de regidoras del ayuntamiento, señalan que el alcalde presuntamente utilizaba la estructura gubernamental para ejecutar extorsiones mediante clausuras, multas irregulares y cobros ilegales a pequeños comerciantes y grandes empresas, beneficiando directamente al grupo delictivo.
Finalmente, las investigaciones también apuntan a un presunto enriquecimiento ilícito del alcalde y su entorno cercano, incluyendo viajes internacionales de lujo realizados por su esposa, los cuales no corresponderían con los ingresos declarados de un funcionario público. La FGR informó que continúa con la integración de la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
