Uruguay aprueba la eutanasia y se convierte en el primero de América Latina en legalizarla
Tras cinco años de debate legislativo, Uruguay se convirtió este miércoles en el primer país de América Latina en aprobar por ley la eutanasia, luego de que el Senado votara con 20 votos a favor y 11 en contra el proyecto “Muerte digna”.
La nueva legislación permite que adultos mentalmente aptos, en fase terminal de una enfermedad incurable o con sufrimiento físico o psíquico insoportable, puedan solicitar de manera voluntaria la asistencia médica para morir. El procedimiento deberá ser realizado por un profesional de la salud y bajo estrictas condiciones.
“Transcurrir con dignidad el proceso final de la vida no es un delito”, expresó el senador Daniel Borbonet, del Frente Amplio, durante la sesión en la que se discutió la iniciativa que cuenta con el respaldo del 62% de la población, según la consultora Cifra.
El texto fue impulsado por la coalición de izquierda Frente Amplio y respaldado también por legisladores de los partidos Colorado y Nacional. Sin embargo, sectores conservadores y la Iglesia católica manifestaron su rechazo.
Con esta decisión, Uruguay se suma a una corta lista de países en el mundo que reconocen por ley el derecho a la eutanasia, junto a España, Bélgica, Países Bajos y Canadá, entre otros.
Otros países de la región
Aunque Uruguay es el primero en regular la eutanasia mediante una ley, algunos países latinoamericanos ya han avanzado en su despenalización a través de fallos judiciales.
En Colombia, la Corte Constitucional despenalizó la muerte asistida en 1997 y la reguló oficialmente en 2015. Desde entonces, se han realizado más de 600 procedimientos.
En Ecuador, la Corte Constitucional autorizó la eutanasia en 2024 tras el caso de Paola Roldán, una paciente con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que pidió poner fin a su sufrimiento.
En Perú, el caso de Ana Estrada marcó un precedente en 2021 al autorizarse su derecho individual a morir dignamente, aunque la práctica sigue sin estar legalizada.
Otros países como México, Argentina, Chile y Cuba permiten rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente la vida, una figura conocida como “muerte digna” o “eutanasia pasiva”.