Chihuahua.— El director de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Julio César Salas González, respondió a las acusaciones vertidas en una narcomanta colocada en la carretera a Aldama, en la que se señala a elementos de la corporación y a la gobernadora María Eugenia Campos Galván de presuntos vínculos con Salvador Humberto S. M., alias “El Verín”, actualmente detenido por delitos relacionados con la delincuencia organizada.

Salas González informó que se ha iniciado una investigación interna para esclarecer los señalamientos y que los agentes mencionados serán sometidos nuevamente a exámenes de control de confianza. Además, indicó que dos de los policías señalados ya no forman parte de la corporación, ya que estaban en proceso de retiro. Sin embargo, no se han presentado pruebas que respalden estas afirmaciones.

El comisario enfatizó que no se tomarán decisiones precipitadas basadas únicamente en mensajes anónimos y que se seguirá el debido proceso para garantizar la transparencia y la legalidad en la investigación. Asimismo, destacó que los elementos señalados continuarán desempeñando funciones administrativas dentro de la corporación mientras se desarrolla la investigación.

La aparición de la narcomanta ha generado preocupación en la comunidad, especialmente considerando que los delitos en Chihuahua no han mostrado una tendencia a la baja en los últimos meses. Salas González reconoció la gravedad de los señalamientos y aseguró que se tomarán las medidas necesarias para esclarecer los hechos y mantener la confianza de la ciudadanía en la corporación policial.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado también ha iniciado una investigación para determinar la veracidad de las acusaciones y deslindar responsabilidades. Se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre el avance de las indagatorias.

Este incidente pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión dentro de las corporaciones de seguridad, así como de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública.