El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la Ley de Amparo, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, obtuvo 76 votos a favor y 39 en contra en lo general y posteriormente 70 votos a favor y 39 en contra en lo particular. Con este paso, el dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo.

La sesión estuvo marcada por un debate intenso entre oficialismo y oposición. El senador Luis Donaldo Colosio advirtió que la reforma debilita el espíritu del amparo al restringir la defensa de derechos sociales, ambientales y culturales. Recordó que esta figura ha sido clave en casos como la investigación de Ayotzinapa o el acceso a medicamentos para niños con cáncer. “Fortalece al poderoso y debilita a los vulnerables”, señaló.

Por su parte, la panista Lilly Téllez dirigió fuertes acusaciones contra Adán Augusto López, a quien llamó “narcosenador”, lo que provocó reclamos de legisladores de Morena. Mientras tanto, senadores oficialistas defendieron el proyecto, asegurando que moderniza el sistema de justicia y brinda mayor certeza en procesos judiciales y fiscales.

Entre los cambios principales está la redefinición del interés legítimo, que permitirá presentar amparos por afectaciones individuales o colectivas, incluso si el daño no es inmediato. También se autoriza la digitalización del juicio de amparo, incluyendo notificaciones y expedientes electrónicos. En materia procesal, se amplían plazos para dictar sentencias y para presentar garantías en suspensiones penales. En el ámbito fiscal, se condiciona la suspensión de créditos firmes a la entrega de garantías válidas, limitando los recursos legales posteriores.

La reforma establece que las nuevas disposiciones aplicarán tanto para juicios futuros como para los que ya se encuentran en trámite, una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación.