En los últimos dos años, la aplicación de la ley de violencia política de género ha dado un giro inesperado. De ser un mecanismo enfocado en funcionarios y candidatos, ahora el peso de las sanciones recae en mayor medida sobre periodistas, usuarios de redes sociales y ciudadanos comunes.
El Registro Nacional de Personas Sancionadas del Instituto Nacional Electoral, con corte al 31 de agosto, muestra que el 65 por ciento de los castigos aplicados este año se dirigieron a civiles y comunicadores. Este cambio ha encendido alertas entre especialistas que advierten un uso indebido de la norma para silenciar voces críticas.
Un caso emblemático ocurrió en 2023, cuando Denisse Ahumada Martínez, regidora de Reynosa, denunció a rivales políticos y periodistas bajo esta figura legal. Mientras los funcionarios fueron exonerados, los comunicadores tuvieron que disculparse públicamente y quedaron inscritos en el registro nacional. Meses después, Ahumada fue detenida en Texas con 92 kilos de cocaína, lo que puso en evidencia cómo un recurso diseñado para proteger a mujeres en política puede ser manipulado.
Entre enero de 2024 y julio de 2025, las sanciones sumaron 229 personas, un aumento del 45 por ciento respecto al periodo 2022-2023. El crecimiento fue aún más evidente en civiles y periodistas, con 114 sancionados frente a 72 en los dos años anteriores, lo que representa un alza del 58 por ciento.
La directora de Propuesta Cívica, Sara Mendiola, señaló que la figura está siendo usada como vehículo de censura, mientras que la académica de la UNAM, Mónica Amilpas, advirtió que existe el riesgo de que este instrumento jurídico deje de combatir la violencia de género para convertirse en una herramienta de silenciamiento. En la práctica, lo que inició como una medida para garantizar la participación femenina en la vida pública, se ha trasladado con fuerza a los entornos digitales y fuera del terreno electoral.
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