Estado de México., La renuncia de dos juezas electas por voto popular en el Estado de México ha encendido el debate sobre las condiciones laborales dentro del Poder Judicial y la preparación necesaria para ejercer estos cargos. Ambas dimisiones estuvieron relacionadas con afectaciones a la salud derivadas del exceso de trabajo y la presión que implica la función jurisdiccional.
El caso más reciente corresponde a Denisse López Reyes, quien se desempeñaba como jueza familiar en el Distrito Judicial de Toluca. Su renuncia fue aprobada por la 62 Legislatura local luego de que, mediante una carta dirigida al Congreso, expuso que enfrentó jornadas laborales continuas de más de 24 horas. La juzgadora señaló que estas condiciones le generaron desgaste físico y mental, además de dermatitis relacionada con el estrés, lo que la obligó a recibir atención médica.
Previamente, el 3 de diciembre, Liliana Alanís también dejó su cargo como jueza penal en el Distrito Judicial de Tlalnepantla. La funcionaria había asumido el puesto apenas tres meses antes y contaba con experiencia como agente del Ministerio Público y defensora pública. Sin embargo, argumentó problemas de salud que le impidieron continuar con sus funciones.
Tras ambas renuncias, el Congreso del Estado de México tomó protesta a las candidatas que obtuvieron el segundo lugar en la elección judicial de cada distrito, con el objetivo de mantener la continuidad del servicio jurisdiccional y evitar afectaciones en la atención de los asuntos legales.
Especialistas en derecho señalaron que estos casos reflejan una problemática histórica relacionada con la sobrecarga laboral en el Poder Judicial. Alejandro Nava, profesor de Derecho en la UAM, indicó que con frecuencia se subestima el nivel técnico, la presión y la responsabilidad que implica el trabajo de un juez, lo que puede generar complicaciones tanto en el desempeño como en la salud de quienes ocupan estos cargos.
El académico también advirtió que rumbo a la elección judicial de 2027 será necesario reforzar los procesos de selección, priorizar perfiles con trayectoria dentro de la carrera judicial y evitar postulaciones con tintes políticos, con el fin de garantizar un mejor funcionamiento del sistema y proteger a quienes ejercen la impartición de justicia.
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