Este domingo 14 de diciembre, a las 9 de la mañana, se reanudó la audiencia de imputación contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quien enfrenta acusaciones por lavado de dinero. La audiencia se lleva a cabo en los juzgados federales del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 1, conocido como el Altiplano, donde la jueza federal María Jazmín Ambriz López decidirá si vincula a proceso al exmandatario por operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto cercano a los 74 millones de pesos.

El equipo de defensa de Duarte, conformado por los abogados Carlos Ríos Peralta, Edith Muñoz Palacios y Dolores Meza Quiroz, argumentó la falta de pruebas suficientes para las acusaciones en su contra. Además, alegaron que el proceso tiene motivaciones políticas y no se basa en hechos concretos.

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la medida cautelar de prisión preventiva argumentando que Duarte representa un alto riesgo de fuga, respaldado por una red de corrupción en Chihuahua que podría ayudarlo a evadir la justicia. La jueza Ambriz López, al revisar el caso, consideró que dicha red de apoyo podría proporcionar recursos para que Duarte huyera, lo que justificó su decisión de mantenerlo en prisión preventiva.

La Fiscalía General de la República había informado previamente que había tramitado una autorización ante el Gobierno de Estados Unidos para procesar a Duarte por delitos distintos a los de peculado y asociación delictuosa, que fueron las razones de su extradición. El 4 de diciembre, esta solicitud fue aprobada.

El exgobernador está siendo acusado de un esquema de lavado de dinero que habría involucrado al Sistema Financiero Mexicano para ocultar recursos ilícitos provenientes de desvíos de fondos públicos del gobierno estatal. Sin embargo, la defensa sostiene que se trata de los mismos 96 millones de pesos que ya están siendo procesados en Chihuahua por otro caso, en el que fue absuelto en un procedimiento administrativo.