Chihuahua.- Con el fin de fortalecer la protección de niñas y adolescentes frente a formas encubiertas de violencia sexual, se presentó una iniciativa de reforma a los artículos 262 y 263 del Código Penal Federal para que el delito de estupro pueda investigarse de oficio cuando existan ciertas agravantes.

Actualmente, este ilícito definido como la cópula con una persona mayor de 15 y menor de 18 años obtenida mediante engaño solo puede ser perseguido por querella, lo que impide al Ministerio Público actuar sin denuncia directa de la víctima o su representante legal. En contextos de pobreza, violencia o adicciones, esta exigencia suele traducirse en impunidad y falta de acceso a la justicia.

De acuerdo con datos de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), entre 2012 y 2022 solo se dictaron 202 sentencias condenatorias por estupro en el país, equivalentes al 1.73% de los casos denunciados. En conjunto, el 91% de los delitos sexuales permanece sin castigo.

La propuesta plantea que la persecución de oficio aplique cuando:

Exista una diferencia de edad mayor a cinco años entre víctima y agresor.

Se hayan entregado bienes, drogas u otros beneficios para inducir el “consentimiento”.

La víctima se encuentre en situación de vulnerabilidad (abandono, pobreza, adicciones, violencia, etc.).

Derive un embarazo del acto.

El objetivo es eliminar trabas procesales y permitir que cualquier persona con conocimiento de los hechos pueda iniciar la acción penal, sin depender únicamente de la querella.

Especialistas y organismos como UNICEF y UNFPA han advertido que la violencia sexual y el embarazo adolescente generan consecuencias graves en la salud, la continuidad escolar y el proyecto de vida de las víctimas. México ocupa el primer lugar en embarazo adolescente entre los países de la OCDE, con más de 147 mil nacimientos registrados en madres de 15 a 18 años y más de 3 mil en niñas menores de 15.

La reforma busca enviar una señal clara de cero tolerancia al engaño, la manipulación y el abuso como puerta de entrada a delitos más graves, reforzando la protección legal para las y los menores de edad.