Chihuahua. – En el Pleno del Congreso del Estado, el Diputado Omar Bazán, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha presentado una propuesta de reforma a la Ley de Justicia Administrativa enfocada en la implementación de embargos precautorios. Esta iniciativa tiene como objetivo principal facultar a los juzgadores para dictar medidas cautelares que aseguren la reparación del daño cuando sea necesario en casos administrativos.

La reforma propuesta permitiría aplicar embargos provisionales cuando se vea comprometido el derecho a la vida, la salud, la integridad corporal, la propiedad o la seguridad jurídica de los ciudadanos. Estas medidas cautelares serían fundamentales para preservar o restituir el goce de los derechos fundamentales de los afectados, así como para prevenir daños de difícil o imposible reparación.

El embargo precautorio, también conocido como embargo preventivo, consiste en la restricción temporal de bienes o activos de una persona o entidad, ordenada por una autoridad competente como medida preventiva antes de que se emita una sentencia definitiva en un proceso legal. Su propósito es asegurar el cumplimiento de una obligación o garantizar la efectividad de un derecho en disputa.

La propuesta de Bazán busca establecer un marco normativo claro y eficiente para la aplicación de embargos precautorios, con criterios objetivos y proporcionales al perjuicio causado por acciones ilegales de funcionarios públicos. Se enfatiza la importancia de evitar la incertidumbre jurídica y garantizar el cumplimiento por parte de las autoridades responsables ante daños ocasionados a los particulares.

En el proceso de solicitud de embargo precautorio, se requeriría que el promovente detalle específicamente el daño o perjuicio a garantizar, así como la identificación de la autoridad involucrada y los antecedentes que respalden la responsabilidad probable de reparar dicho daño.

Esta iniciativa ha generado interés y debate en el Congreso del Estado, donde se evalúan los beneficios potenciales de estas reformas para fortalecer el sistema de justicia administrativa y proteger los derechos de los ciudadanos frente a actos indebidos por parte de la administración pública.