CDMX. – La presidenta Claudia Sheinbaum promulgó el 31 de octubre una reforma constitucional que establece la Supremacía Constitucional, un cambio que limita la capacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar reformas a la Constitución. Esta medida, aprobada de manera rápida por el Congreso de la Unión y los congresos estatales con mayoría morenista, entró en vigor el 1 de noviembre.

La reforma modifica los artículos 105 y 107 de la Constitución, estableciendo que son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que busquen impugnar reformas constitucionales. En específico, el nuevo párrafo del artículo 105 establece que “son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución”.

Por su parte, el artículo 107 ha sido modificado para limitar el alcance de las sentencias en juicios de amparo, indicando que no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución. Esto significa que la SCJN no podrá invalidar ninguna parte de la reciente Reforma Judicial ni otras modificaciones constitucionales que se implementen.

El contexto de esta reforma es peculiarmente relevante, ya que el próximo 5 de noviembre la SCJN discutirá un proyecto de sentencia que podría anular aspectos de la Reforma Judicial, incluyendo la propuesta de elección de jueces y magistrados mediante voto popular. Sin embargo, con la promulgación de la Supremacía Constitucional, se complica la posibilidad de que la Corte anule cualquier disposición de esta reforma o de otras en el futuro.

Este desarrollo marca un nuevo capítulo en la relación entre el poder ejecutivo y el judicial en México, generando preocupación entre analistas sobre el equilibrio de poderes y la independencia judicial. La decisión de la presidenta Sheinbaum refleja un fortalecimiento de la agenda morenista y plantea interrogantes sobre el futuro del sistema legal en el país.