Chihuahua. – Un policía municipal de Chihuahua, atropellado por un tráiler en diciembre de 2022 durante una persecución en el Periférico de la Juventud, continúa sin recibir su pensión por invalidez a pesar de las graves secuelas físicas que lo dejaron en estado de discapacidad permanente. Desde el accidente, ha enfrentado múltiples fracturas en fémur, calcáneo, codo y hombro además de un preinfarto, anemia y shock hipovolémico, lo que lo mantiene con movilidad reducida y bajo tratamiento constante.
De acuerdo con el relato de su esposa, tras pasar meses en el hospital Palmore en condición crítica, comenzó un proceso ante el Instituto Municipal de Pensiones (IMPE) para acceder a una pensión por incapacidad total permanente. Sin embargo, el trámite ha sido aplazado en diversas ocasiones con argumentos como falta de presupuesto, auditorías internas, cambios de personal médico y retrasos en la integración del comité encargado de autorizar el dictamen.
La situación se complicó con la intervención de la doctora Marcela Alejandra Cardona Domínguez, médica laboral que, según denuncian, ha reducido el número de días de incapacidad y minimizado la gravedad de las lesiones, atribuyéndolas incluso a “cuestiones de la mente”. Además, familiares del policía aseguran que en reiteradas ocasiones se les ha negado el derecho a ingresar juntos a las citas médicas, pese a que el reglamento lo permite.
Actualmente, el agente presenta secuelas irreversibles, placas y clavos en extremidades, dolor crónico, artrosis en el talón, cojera, inflamación, limitaciones para realizar tareas básicas, así como cuadros de depresión y ansiedad. A casi tres años del accidente, su familia denuncia que el Municipio ha utilizado su caso en discursos de reconocimiento al trabajo policial, pero no ha cumplido con el apoyo económico y social que su estado de salud requiere.
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