Chihuahua. – Personas con discapacidad se manifestaron este día a las afueras del Congreso del Estado de Chihuahua para exigir que se reactive una iniciativa que permanece sin avance legislativo y que busca garantizar el acceso a una pensión universal a través de un convenio con el Gobierno Federal.
La movilización surge en torno a la propuesta impulsada por la diputada Elizabeth Guzmán, quien ha señalado que en Chihuahua existe un rezago en la aplicación de derechos ya reconocidos en la Constitución, particularmente en el acceso a apoyos económicos para personas con discapacidad. La iniciativa plantea que el estado se adhiera al esquema federal de la Pensión para el Bienestar, con el objetivo de ampliar la cobertura.
Actualmente, el programa federal otorga 3,300 pesos bimestrales a personas con discapacidad permanente, pero su alcance no es uniforme en todo el país. En entidades como Chihuahua, el apoyo se limita principalmente a personas de 0 a 29 años, dejando fuera a una parte importante de la población adulta.
Este punto ha sido el principal reclamo de los manifestantes: la exclusión de personas de entre 30 y 64 años, un grupo que, pese a estar contemplado en el modelo de pensión universal a nivel nacional, no cuenta con cobertura completa en el estado debido a la falta de un convenio de coordinación.
Desde el Congreso local, la propuesta ya había sido planteada desde 2025 como parte del análisis presupuestal, buscando que el Gobierno del Estado encabezado por Maru Campos firmara el acuerdo necesario para ampliar el beneficio. Sin embargo, hasta ahora, el tema no ha avanzado de manera concreta en la agenda legislativa.
El contexto nacional muestra que el programa sí ha logrado ampliarse en otras entidades. Actualmente, 24 estados ya cuentan con convenios de universalidad, lo que permite que personas con discapacidad reciban este apoyo hasta los 64 años. Esto evidencia una brecha entre Chihuahua y otras entidades donde el derecho ya se ejerce de manera más amplia.
La protesta refleja no solo una exigencia puntual, sino un problema estructural: aunque el derecho a recibir apoyos sociales está reconocido, su implementación depende de decisiones presupuestales y acuerdos entre niveles de gobierno. En este caso, la falta de avance legislativo mantiene congelada una iniciativa que impactaría directamente en la calidad de vida de un sector históricamente vulnerable.
Hasta el momento, ni el Congreso del Estado ni el Ejecutivo estatal han dado una respuesta concreta sobre cuándo podría discutirse o aprobarse la iniciativa. Mientras tanto, las personas manifestantes advirtieron que continuarán con acciones públicas hasta que el tema sea atendido.
About the Author
