La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, a través de la Unidad Especializada en Delitos de Extorsión, obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Jesús Alfredo A. Ch., por el delito de extorsión con penalidad agravada.
Lo anterior en razón a que una vez que fueran escuchados los antecedentes de investigación recabados, así como los razonamientos lógico jurídicos vertidos por parte de esta representación social, quedó acreditada su probable participación en el hecho delictivo.
De acuerdo con las investigaciones realizadas, el día 08 de septiembre de 2025, el imputado ingresó a una negociación ubicada sobre el Periférico Vicente Lombardo Toledano de la colonia Rinconada Los Nogales, en la ciudad de Chihuahua, donde se encontraban laborando las víctimas, ante quienes se identificó como miembro activo del grupo delictivo denominado “La Mayiza”, exigiendo el pago de una cuota mensual para dejarlos trabajar y no causarles daño.
Motivo por el cual, una de las víctimas toma numerario de la caja para entregarlo al imputado, quien posteriormente abandona la negociación siendo detenido momentos después del hecho en términos de la flagrancia, asegurando objetos relacionados con el hecho así como el numerario entregado.
Cabe señalar que el 11 del presente mes y año se llevó a cabo audiencia inicial, en la cual la Juez de Control conocedora de la causa ratificó de legal la detención, imponiéndole como medida cautelar la de prisión preventiva por 12 meses.
La clasificación jurídica se establece de la siguiente manera, Extorsión Artículo 375 Fracción II en relación al Artículo 376 Fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua. El imputado pudiera llegar a alcanzar una pena de prisión de hasta 40 años de prisión, que será solicitado por la Fiscalía.
La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, reitera el compromiso de servir y atender en todo momento a la ciudadanía y hace un llamado a la población para que denuncie cualquier actividad o situación similar de extorsión, asegurando que se tomarán todas las medidas necesarias para proteger a las víctimas y llevar a los responsables ante la justicia.
De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).
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