La reciente aprobación de una reforma federal en materia de extorsión podría beneficiar a 90 personas sentenciadas en Chihuahua, quienes quedarían en libertad debido a la reducción de penas establecidas en la nueva normativa.
Mientras el Código Penal del Estado de Chihuahua contempla sanciones de hasta 35 años de prisión y multas de cien a ochocientos días, la Cámara de Diputados aprobó una ley federal que establece castigos de 6 a 15 años de cárcel y de 100 a 500 días de multa, lo que genera un contraste significativo entre ambas disposiciones.
La diputada federal panista Rocío González advirtió que esta ley tiene efectos retroactivos y obliga a los estados a armonizar su legislación con las normas federales, lo que podría derivar en la liberación de numerosos reclusos actualmente condenados por este delito.
La legisladora señaló que la medida representa un grave riesgo para la seguridad pública, ya que la extorsión ha ido en aumento durante los últimos años, especialmente a partir del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando el delito comenzó a operar incluso desde el interior de los penales.
González criticó que, a su juicio, Morena legisle en favor de delincuentes, reduciendo las sanciones para quienes cometen un delito que afecta directamente a comerciantes, empresarios y familias. Añadió que desde la bancada del PAN se impulsarán acciones para evitar que la reforma se traduzca en la liberación masiva de sentenciados peligrosos.
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