Chihuahua, Chih., El coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, cuestionó la venta de 167 viviendas pertenecientes a Pensiones Civiles del Estado en Ciudad Cuauhtémoc y señaló que los inmuebles, que podían ser utilizados para atender una necesidad habitacional, ahora serían comercializados por particulares a precios hasta cuatro veces mayores.
Durante un recorrido por el fraccionamiento, el legislador señaló que el conjunto habitacional fue vendido a un particular mediante una operación de alrededor de 45 millones de pesos. De acuerdo con sus estimaciones, el precio promedio de adquisición fue de aproximadamente 260 mil pesos por vivienda, mientras que actualmente las casas estarían siendo ofrecidas entre 800 mil y un millón de pesos.
Estrada Sotelo consideró que la situación debe analizarse más allá de la diferencia entre el precio de compra y el de venta, al cuestionar el destino que se da al patrimonio público cuando existen necesidades de vivienda en el municipio de Cuauhtémoc.
El diputado destacó particularmente la situación de familias desplazadas de comunidades de la Sierra que han llegado a la región y que requieren alternativas habitacionales, por lo que consideró necesario esclarecer por qué las viviendas no fueron destinadas a atender esta demanda social.
Además, el coordinador de Morena cuestionó el procedimiento mediante el cual se realizó la operación. Recordó que el pasado 12 de agosto envió un oficio al secretario de Hacienda estatal, en su calidad de presidente de la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, con 13 preguntas relacionadas con la venta, entre ellas quién autorizó la operación, bajo qué procedimiento se llevó a cabo y cuál fue su fundamento legal.
Según Estrada, hasta el momento no ha recibido respuesta a dicho documento. También señaló que, aunque Pensiones Civiles del Estado es un organismo descentralizado con patrimonio propio, la legislación estatal contempla disposiciones para la enajenación de bienes públicos.
Por ello, sostuvo que debe aclararse si la venta requería autorización del Congreso del Estado y, en caso de que así fuera, explicar por qué no se habría solicitado. El legislador calificó como ilegal la subasta realizada por Pensiones y Coesvi, al considerar que el terreno debió contar con autorización del Poder Legislativo.
Para Estrada Sotelo, el caso representa una discusión sobre el uso del patrimonio público y la vivienda social, pues señaló que los inmuebles pudieron representar una alternativa para familias que no tienen acceso a una vivienda y, en cambio, habrían terminado en manos de un particular con un margen considerable entre el precio de adquisición y el valor al que actualmente se ofrecen.
La bancada de Morena anunció que continuará con la revisión del caso y que también analizará la situación de otros desarrollos inmobiliarios propiedad de Pensiones Civiles del Estado ubicados en Parral y Delicias, con el propósito de conocer las condiciones bajo las cuales se han dispuesto de estos bienes y determinar si las operaciones se realizaron conforme a la legislación.
Estrada Sotelo sostuvo que el Gobierno de María Eugenia Campos debe explicar qué ocurrió con las viviendas y cuál fue el destino que se dio a este patrimonio estatal.
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