Un informe de la Secretaría de Salud advierte que las redes sanitarias del país no están plenamente preparadas para atender los retos derivados del consumo de fentanilo y metanfetaminas, así como su uso para adulterar otras sustancias. El documento, publicado en el marco del programa COPOLAD III entre la Unión Europea y América Latina, identifica obstáculos legislativos que dificultan la implementación de terapias clave para prevenir sobredosis y riesgos de muerte.

La guía, fechada en noviembre, está dirigida a profesionales de la salud de todos los niveles y ofrece recomendaciones basadas en evidencia sobre tratamientos exitosos para los trastornos derivados del consumo de estas sustancias. También resalta la importancia de abordar el fenómeno no solo desde la perspectiva de seguridad, sino con un enfoque de bienestar y justicia social.

Según el informe, aunque México cuenta con una estructura territorial sólida para la atención de usuarios tradicionales de drogas, esta red debe adaptarse para responder a los cambios en los patrones de consumo y los contextos sociales actuales. El consumo de metanfetamina, por ejemplo, se asocia con problemas de salud mental, particularmente en comunidades afectadas por la violencia estructural y la marginación.

Entre las medidas recomendadas por organismos internacionales se encuentra la distribución de naloxona, un fármaco capaz de revertir sobredosis de opioides. Sin embargo, su acceso en México se ve limitado por su clasificación como sustancia sicotrópica controlada, lo que obliga a que solo pueda obtenerse con prescripción médica, complicando su disponibilidad en situaciones de emergencia.

El informe subraya que enfrentar el impacto del fentanilo y la metanfetamina exige transformar la respuesta sanitaria y social del país, priorizando estrategias de reducción de daños, recuperación y prevención adaptadas a las nuevas realidades del consumo de drogas.