Chihuahua, Chih., Una residencia de mil 800 metros cuadrados en el fraccionamiento Residencial Bosques de San Francisco Etapa I, al poniente de la ciudad de Chihuahua, ha colocado nuevamente en el centro del debate público a la gobernadora María Eugenia Campos Galván. La propiedad, valuada catastralmente en al menos 31 millones 700 mil pesos, incluye alberca, jardín con árboles nativos, chimenea y acabados de lujo como mármol, cuarcitas, vitrales artesanales y un plafón con 400 hojas de oro en el área del baño de invitados. Aunque la información proviene de documentos oficiales y registros públicos, el contexto en el que se dieron las operaciones es señalado como presuntamente vinculado a una red inmobiliaria relacionada con el llamado duartismo, sin que exista una resolución judicial definitiva que confirme irregularidades.
De acuerdo con el Registro Público de la Propiedad de Chihuahua, la mandataria recibió los lotes 13, 14 y 15 del citado fraccionamiento como legado tras el fallecimiento de su esposo, el empresario automotriz Víctor Manuel Cruz Russek, ocurrido el 5 de octubre pasado. Los lotes 13 y 14 fueron fusionados en febrero de 2024 para conformar una sola unidad de mil 200 metros cuadrados con un valor estimado de 26 millones de pesos, mientras que el lote 15 fue valuado en 5.7 millones. En conjunto, las propiedades reconocidas en su patrimonio suman al menos 2 mil 300 metros cuadrados y un valor aproximado de 39 millones 700 mil pesos, sin considerar acabados y mobiliario.
Las operaciones inmobiliarias relacionadas con la residencia involucran a las empresas Mykonos e Inmobiliaria Sisoguichi, vinculadas al exfuncionario estatal José Luis García Mayagoitia, quien formó parte del círculo cercano del exgobernador César Duarte Jáquez, actualmente procesado por presuntos actos de corrupción. Documentación registral muestra compraventas, permutas y cesiones entre la gobernadora y dichas firmas desde 2022. Entre ellas destaca la adquisición a crédito de una vivienda por 8 millones de pesos y la obtención de un terreno de 500 metros cuadrados valuado en 5 millones, así como intercambios de predios en la misma zona residencial. Estas operaciones han sido señaladas como parte de una estructura presuntamente ligada a intereses inmobiliarios que crecieron durante administraciones panistas en el municipio de Chihuahua.
El entramado también alcanza a Administradora Inmobiliaria de Chihuahua, empresa en la que Campos Galván declaró tener 98 por ciento de participación. Esta razón social adquirió entre 2023 y 2024 propiedades por alrededor de 43 millones de pesos, incluidas bodegas en la colonia El Mármol con un valor de compraventa de 37 millones bajo esquemas de pagos mensuales. Una de esas bodegas fue arrendada al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del municipio de Chihuahua por una renta anual de 23 mil 100 pesos. Además, la empresa compró un lote de 72 metros cuadrados por 1.7 millones en Plaza San Miguel, desarrollo promovido por Mykonos.
En paralelo, los registros muestran que Mykonos acumuló 559 propiedades en el estado, 476 de ellas en el Distrito Morelos del municipio de Chihuahua, y obtuvo desde 2023 al menos una decena de permisos municipales para desarrollos residenciales de alto valor. La representación legal de la empresa ha estado a cargo de Víctor Oswaldo Derma Sinecio, quien también ha ocupado cargos en órganos ciudadanos de transparencia municipal y mantiene vínculos empresariales con García Mayagoitia.
En el plano financiero, las declaraciones patrimoniales de la gobernadora reflejan un incremento sustancial en sus ingresos a partir de 2023, cuando reportó percepciones anuales por 7 millones 679 mil 739 pesos, de los cuales más de 5 millones provinieron de enajenación de bienes. Para 2024 declaró ingresos por 7 millones 590 mil 393 pesos. En el periodo de 2016 a 2024, sus ingresos promedio netos por cargo público fueron de 1 millón 718 mil pesos anuales. Cabe recordar que en el pasado enfrentó un proceso por presuntamente haber recibido recursos de la llamada nómina secreta durante el gobierno de César Duarte, causa que se diluyó tras asumir la gubernatura en 2021 y sobre la cual no existe sentencia en su contra.
La Unidad de Datos de SinEmbargo informó que solicitó postura tanto a la gobernadora como a José Luis García Mayagoitia el 20 de febrero, sin obtener respuesta al cierre de la edición. Los hechos aquí descritos se basan en documentación pública y registros oficiales, y cualquier señalamiento sobre posibles irregularidades debe entenderse como presuntamente ocurrido hasta que exista determinación legal firme.
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