Chihuahua, Chih., El Congreso del Estado aprobó la propuesta de la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, para tipificar la cohabitación forzada en el Código Penal de Chihuahua, con penas de ocho a quince años de prisión y multas de hasta dos mil 500 días, en protección de niñas, niños y adolescentes.
Durante su voto razonado, la legisladora enfatizó que ninguna niña debe ver truncados sus sueños, su educación ni su futuro por decisiones impuestas. “Son niñas, no esposas”, afirmó, al llamar a erradicar las uniones tempranas que vulneran los derechos de las infancias.
Argüelles Díaz detalló que, pese a la prohibición del matrimonio infantil en las 32 entidades federativas, persisten uniones de hecho que vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ante esta realidad, destacó la importancia de cerrar vacíos legales y establecer sanciones penales claras contra quienes promuevan o propicien estas uniones.
La iniciativa atiende una problemática estructural marcada por la desigualdad y la vulnerabilidad social, que expone a niñas y adolescentes a la violencia, la deserción escolar y los embarazos a temprana edad, por lo que proteger sus derechos implica garantizar su desarrollo integral y la libertad de construir un proyecto de vida sin imposiciones.
Como parte de la exposición de motivos, la congresista hizo referencia a cifras de la Secretaría de Salud correspondientes a 2024, según las cuales 3 mil 114 mujeres menores de 18 años dieron a luz en Chihuahua. De esos casos, en mil 873 el padre era mayor de edad, mientras que mil 228 madres tenían menos de 14 años al momento del parto. Estas cifras evidencian la necesidad de fortalecer las acciones institucionales de prevención, protección e investigación de posibles delitos contra la libertad sexual.
La reforma adiciona el artículo 184 Quáter al Código Penal del Estado, tipificando como delito obligar, coaccionar, inducir, solicitar, gestionar u ofertar a personas menores de 18 años para establecer uniones informales equiparables al matrimonio. La disposición precisa que el delito se configura con o sin el consentimiento de la persona menor de edad, fortaleciendo la protección legal de sus derechos.
La diputada destacó la importancia de armonizar la legislación estatal con el marco federal y los estándares internacionales en materia de derechos humanos, a fin de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, recalcó la importancia de acompañar la reforma con campañas de información y prevención que concienticen a las familias y comunidades sobre las consecuencias de estas prácticas y las sanciones penales correspondientes.
Ante el Pleno, la morenista reconoció el consenso de las distintas fuerzas políticas en torno al dictamen y destacó que su aprobación representa un avance en la construcción de mejores condiciones para las nuevas generaciones.
Subrayó que el objetivo es garantizar que cada mujer pueda decidir libremente su proyecto de vida, ya sea estudiar, desarrollarse profesionalmente, practicar deporte, participar en la vida pública o formar una familia, sin presiones ni imposiciones.
Finalmente, Argüelles Díaz señaló que la tipificación del delito de cohabitación forzada en el Código Penal del Estado representa un avance fundamental para sancionar estas conductas, sin perder de vista que su erradicación exige también fortalecer las acciones de prevención y atender las causas estructurales que las propician.
“Proteger a nuestras niñas significa garantizarles el derecho a crecer libres, acceder a la educación y construir su propio futuro. Ninguna costumbre, tradición o práctica puede estar por encima de sus derechos ni justificar su vulneración”, concluyó.
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