Chihuahua. – El sistema educativo actual enfrenta el desafío de garantizar el acceso equitativo para personas con discapacidad, a través del fortalecimiento de la educación inicial inclusiva y especial. Aunque se han logrado avances en este ámbito, expertos y activistas señalan que los gobiernos deben reconocer y promover este derecho fundamental para asegurar que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan desarrollarse plenamente.

La educación inclusiva se basa en la premisa de que todos los estudiantes, sin importar sus diferencias, deben aprender en un entorno que valore la diversidad y promueva la igualdad de oportunidades. En el caso de las personas con discapacidad, esto implica mucho más que su mera integración física en las aulas; requiere un enfoque pedagógico que respete y se adapte a las necesidades individuales de cada estudiante, brindando los apoyos necesarios para su plena participación en el proceso de aprendizaje.

Además, se destaca la necesidad de sensibilizar y capacitar a los docentes, así como de crear materiales educativos accesibles y entornos físicos que eliminen las barreras al aprendizaje. La educación especial, según los especialistas, no debe considerarse un sistema separado, sino un componente dentro del marco de la educación inclusiva. Esto permitiría que, siempre que sea posible, los estudiantes con discapacidad aprendan junto a sus compañeros sin discapacidad, beneficiándose de un entorno diverso que favorezca el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas.

En los casos donde la educación especial sea indispensable, es crucial que se garantice la más alta calidad en la enseñanza, con recursos y profesionales capacitados para atender las necesidades particulares de cada estudiante. La erradicación de la discriminación en el acceso a la educación para personas con discapacidad sigue siendo un reto, pues estas suelen enfrentar barreras que van desde la falta de accesibilidad en las infraestructuras escolares hasta actitudes negativas y estereotipos en la comunidad educativa.

Para combatir esta exclusión, se hace un llamado a adoptar políticas educativas inclusivas que aseguren la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, independientemente de su discapacidad. Esto incluye la implementación de leyes y normativas que protejan sus derechos, así como la promoción de una cultura de respeto y valoración de la diversidad en todos los niveles del sistema educativo.

Con el fin de fortalecer la educación inicial inclusiva y especial, se propone una reforma a la Ley Estatal de Educación, que adicionaría una fracción VII al Artículo 35. Esta modificación garantizaría el acceso de las personas con discapacidad a una educación inclusiva y especial, mediante el diseño de métodos, técnicas o programas específicos para cada tipo de discapacidad, asegurando un desarrollo educativo igualitario y sin discriminación.