Chihuahua, Chih., La diputada Leticia Ortega Máynez presentó una iniciativa que busca frenar la difusión indebida de información sensible proveniente de carpetas de investigación. Con esta propuesta conocida como Ley Ingrid se pretende proteger la dignidad de las víctimas y poner fin a una práctica que genera daños profundos, revictimización y afectaciones directas a los procesos de justicia. La legisladora recordó que se trata de un problema estructural señalado por organismos públicos, organizaciones civiles y autoridades federales.

Ortega destacó que en Chihuahua la violencia de género continúa siendo una realidad persistente. En este contexto las filtraciones de imágenes, audios y videos se convierten en un eslabón más de la violencia, pues exponen a las víctimas y a sus familias a una revictimización pública y envían un mensaje dañino que afecta también la confianza en las instituciones. Para la diputada es indispensable que quienes tienen acceso privilegiado a información reservada no la utilicen para negociar, lucrar o entorpecer los procesos de procuración de justicia.

La iniciativa propone sanciones que van de dos a ocho años de prisión y multas de cien a cuatrocientos días. Las penas aumentarían hasta en una mitad cuando la información divulgada corresponda a mujeres, niñas, niños o adolescentes o esté vinculada con feminicidio, violencia sexual, desaparición o trata. Con ello se busca armonizar la legislación estatal con la reforma federal aprobada en 2022 y garantizar un marco más sólido de protección para las víctimas.

La diputada subrayó que regular estas conductas no limita la libertad de expresión. El objetivo es asegurar que la información reservada no sea utilizada de manera indebida para exponer a quienes ya enfrentan una situación de vulnerabilidad. Esta propuesta forma parte de una agenda más amplia para que mujeres y niñas puedan vivir libres de violencia en un estado donde continúan siendo críticos los niveles de violencia feminicida y la falta de reclasificación adecuada de delitos. Las fracciones parlamentarias del PAN y del PT se sumaron a la iniciativa y respaldaron la urgencia de prohibir legalmente estas prácticas.