La diputada Magdalena Rentería Pérez puso el dedo en la llaga, en Chihuahua, las cifras sobre pobreza alimentaria no cuadran, y las diferencias entre el INEGI y el Gobierno del Estado no son un simple detalle técnico. Son la muestra de una falla estructural en la forma en que se evalúan los programas sociales. Si el gobierno presume que “Juntos por la Sierra Tarahumara” ha repartido toneladas de alimentos y millones en apoyos, pero los indicadores de hambre siguen igual o peor, entonces algo no está funcionando. Las buenas intenciones no alimentan; los resultados sí.
Rentería no sólo pidió cuentas, exigió precisión, que el INEGI mida la pobreza con información municipal, como manda la ley, y que el Estado deje de esconder la falta de resultados detrás de informes llenos de cifras sin contexto. En una región donde el 60% de las niñas y niños padece desnutrición, las diferencias estadísticas no son números son vidas. Y mientras PRI y PAN se oponen al punto de acuerdo, parece que lo político pesa más que lo humano.
El reto es claro, si en dos años las cifras no cambian, el programa será un fracaso. No hay margen para excusas. Chihuahua necesita políticas públicas que se midan con rigor, no con propaganda. El hambre en la Sierra Tarahumara no puede esperar otro ciclo electoral para ser atendida, ni otro informe para ser maquillada. La exigencia de Rentería no es un reclamo partidista es un llamado a la coherencia y a la rendición de cuentas.
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La llegada de Jaime Torres Amaya al Congreso del Estado de Chihuahua marca más que un reemplazo, modifica el equilibrio de fuerzas. Con el triste fallecimiento de Luis Fernando Chacón Erives (PRI) y el ascenso de Torres (PAN) como su suplente, la bancada del Partido Acción Nacional se consolida como mayoría con 13 diputados frente a 12 de Movimiento Regeneración Nacional.
Este cambio no es un simple “asiento más ocupado”, es una señal de que los pactos, las alianzas y los espacios legislativos están en permanente flujo, y que el PAN no solo ganó por elecciones, sino por sucesos internos del Congreso. La apuesta hoy es de cara al presupuesto 2026, a las reformas que vienen, y a quién tendrá la capacidad real de dictar agenda legislativa.
Pero ojo, tener mayoría numérica no garantiza liderazgo efectivo. El PAN ahora debe demostrar que puede construir consensos, responder a demandas reales de la ciudadanía (vía educación, seguridad, desarrollo) y no caer en las dinámicas de trámite legislativo rutinario. Porque si solo cambia la banca y no cambia la lógica, la mayoría servirá de poco.
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La muerte de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, sacude más que a un municipio, pone en evidencia lo que ya sabíamos pero queríamos no ver. En el pleno del Congreso del Estado de Chihuahua, el diputado Carlos Olson San Vicente solicitó un minuto de silencio por el crimen cometido contra Manzo quien había denunciado amenazas, requisitado apoyo federal y advertido de vulnerabilidad. Pero no se quedó allí, acusó al gobierno federal de inacción y simulación, de permitir que un alcalde, que pedía auxilio, terminara ejecutado en pleno evento público.
Ese gesto formal se tornó discurso político. Mientras PRI y PAN toman la declaración como bandera, el bloque de la 4T la toma como blanco. La polarización no es sorpresa, pero lo triste es que lo que está en juego es la vida de quien gobierna, de quien denuncia y de quienes dependen de esa autoridad para ser protegidos. Manzo había dicho “no quiero ser otro de los ejecutados”. Y aquí estamos, su muerte se transforma en pieza política antes que freno real al crimen.
Para Chihuahua y para todo México el mensaje es doble, primero, que los discursos de gravedad institucional se usan para ganar réditos partidistas más que para exigir cambios estructurales. Segundo, que la seguridad sigue siendo un bien de consumo político y no un derecho garantizado. Si un minuto de silencio es lo máximo que se logra tras un crimen de esa magnitud, entonces estamos fallando el examen más básico.
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