“La iniciativa de Olson es revictimizante y criminaliza a las niñas víctimas de violación”: Leticia Ortega Máynez
Chihuahua, Chih. – La diputada de Morena, Leticia Ortega Máynez, arremetió contra la iniciativa presentada por el diputado Omar Olson San Vicente, al considerar que impone condiciones violatorias a los derechos de niñas y mujeres víctimas de violación sexual que buscan interrumpir un embarazo. Ortega acusó que la propuesta contraviene criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que exige la denuncia formal ante el Ministerio Público como requisito para acceder al aborto por violación.
“La Corte ya fue clara: establecer límites o barreras legales para acceder al aborto en caso de violación es revictimizante y atenta contra el interés superior de la víctima”, dijo contundente Ortega Máynez. Según la legisladora, lo que propone Olson en su artículo 84 Quater de la iniciativa es que, dentro del hospital, una víctima debe denunciar formalmente para poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, lo cual ya ha sido desechado por la SCJN por ser una violación a los derechos humanos.
Además, Ortega advirtió que la propuesta de Olson mezcla de forma irresponsable el proceso penal del agresor con los derechos de la víctima. “Una cosa es castigar al violador, y otra muy distinta es condicionar la decisión de una menor de edad violada que no quiere seguir con un embarazo forzado. Esto no se trata de justicia, se trata de seguir criminalizando a las víctimas, especialmente a las adolescentes”, denunció.
También aclaró que la iniciativa parte de supuestos erróneos, ya que lo que plantea como “nuevo” ya está establecido desde hace años en la Norma Oficial Mexicana 046, la cual faculta al personal médico a reportar indicios de violencia sexual sin necesidad de denuncia previa. “Esto ya es ley. No hay que disfrazar una agenda conservadora de legalidad”, dijo.
La diputada adelantó que presentarán una iniciativa alterna, con enfoque en los derechos de las menores víctimas de violencia sexual, para garantizar que puedan acceder sin trabas a servicios médicos y jurídicos que salvaguarden su integridad física y emocional.