La muerte de Paloma Nicole, adolescente de 14 años sometida a una cirugía estética en Durango, ha revelado una cadena de fallas médicas, familiares y administrativas que hoy son investigadas por la Fiscalía estatal. El caso ha generado indignación nacional y mantiene bajo proceso a la madre y al padrastro de la menor.

El 11 de septiembre de 2025, la madre retiró a Paloma Nicole de su colegio argumentando malestar y presentó una prueba positiva de covid-19 para justificar un supuesto aislamiento. Sin embargo, ese mismo día se planeaba una cirugía estética en la Clínica Santa María de Durango, practicada por su padrastro y autorizada solo por la madre, sin informar al padre, quien compartía la patria potestad.

La adolescente fue intervenida el 12 de septiembre con procedimientos de aumento mamario, liposucción y lipotransferencia, a pesar de la supuesta infección y del riesgo que esto implicaba. Días después, el 15 de septiembre, la familia paterna fue notificada de que Paloma estaba en coma por complicaciones atribuídas al covid, sin mencionar la operación. Fue en el velorio cuando el padre descubrió los implantes y las cicatrices quirúrgicas.

Entre las irregularidades documentadas destacan la obtención de una prueba de antígenos con dudas sobre su validez, la participación de la madre en quirófano sin formación médica, la falta de consentimiento de ambos padres, la omisión de información sobre el procedimiento, un certificado de defunción expedido con rapidez y sin detallar la cirugía, así como sospechas de que la menor no recibió atención en terapia intensiva adecuada.

El hospital tampoco notificó de inmediato a las autoridades sobre el deceso de una paciente menor de edad en contexto quirúrgico, lo que retrasó las investigaciones. Además, asociaciones médicas actuaron solo después de la presión mediática y con medidas limitadas, mientras que se han detectado posibles conflictos de interés en documentos oficiales relacionados con el caso.

Actualmente, la madre y el padrastro de Paloma Nicole enfrentan cargos por omisión de cuidados, aunque la fiscalía no descarta ampliar las imputaciones conforme avancen las indagatorias. El caso continúa generando un amplio debate sobre la regulación de cirugías estéticas, la protección a los menores y la responsabilidad de las instituciones médicas.